Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) plantearon a los ministerios la solicitud  de listas de funcionarios públicos, a escala nacional, para conocer su filiación política. Una comisión del Pacto de Unidad cruzará datos con el registro de votante del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y verificará si esos funcionarios están inscritos en el partido oficialista.

Los funcionarios que no estén en los libros del MAS serán considerados “pititas” y corren el riesgo de perder su fuente laboral. En el oficialismo afirman que esa decisión parte del Estatuto Orgánico masista y en la oposición señalan que de ese modo se limita el derecho al trabajo.

El encargado de la Dirección Departamental del MAS de La Paz, Omar Arce, confirmó que se elabora una “lista negra” de funcionarios públicos “pititas” para que sean sustituidos por militantes masistas, pero no maneja el dato de la cantidad de los que no están registrados en el 'instrumento político'.

“Estamos viendo la posibilidad de elaborar una lista negra, identificando con documentos, para sugerir a nuestro hermano Lucho (Luis Arce) que esos ‘pititas’ no trabajen más y sean tomados en cuenta compañeros que en verdad están en la lucha”, resaltó Omar Arce.

El Pacto de Unidad, un conglomerado de sectores afines al MAS, anunció que la comisión encargada de detectar a “pititas” tiene la finalidad de establecer “el control de traidores e infiltrados en el aparato público”, según detalló Flora Aguilar, ejecutiva de las Bartolinas.

El Pacto de Unidad está conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres “Bartolina Sisa”, la Confederación de Comunidades Interculturales, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).

Estatuto del MAS

Los nuevos cargos públicos, de acuerdo con el artículo 67 del estatuto del MAS, serán ocupados por militantes del partido. “No existe la figura de autoridades neutrales ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal. Todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”, señala un artículo de ese instrumento legal.

El aparato estatal tiene al menos 526.955 dependientes, una planilla que cada año crece hasta en un 10% y cuyo pago representa uno de los gastos más onerosos de  la administración pública. De esa cifra no todos trabajan en el nivel central. Hay un número servidores en gobernaciones, asambleas departamentales, servicios departamentales, alcaldías, concejos, empresas ediles, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas (FFAA) y universidades.

En el MAS hasta hubo  riñas internas por ocupar cargos públicos. Los sectores sociales tienen sus cuotas en ministerios y empresas públicas y ante eso existe la presión para que quienes no son militantes del MAS sean echados del aparato estatal. En algunos ministerios hay quienes obligan a los que no son inscritos al partido oficialista a que se registren al masismo.

Un funcionario reveló que existen listas que hacen correr en ministerios y alertan a quienes no son inscritos al MAS. “Saben que hay capacidad profesional y por eso los jefes piden que seas militante. Si no te registras, te echan por presión de los sectores sociales y ellos ponen su cuota, con gente que, por lo general, no está capacitada para una función pública”, dijo.

El ejecutivo de la Csutcb, Ever Rojas, admitió que los sectores afines al MAS están en proceso de elaboración de listas para identificar a los denominados “pititas”. El dirigente dijo que incluso hay servidores que trabajaron en la gestión de Jeanine Áñez y ahora tienen avales de autoridades.

“El movimiento campesino y todo aquel luchador social comprometido, no es peguista, sino es el garante del proceso de cambio. Entonces, deben ser incorporados en la función pública, en base a sus capacidades y competencias”, remarcó Rojas.

Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuestionó que el estatuto del MAS obligue a los servidores públicos a ser militantes del partido y solo aquellos que sean registrados a la organización política de Evo Morales puedan acceder a la función pública. Consideró que esas disposiciones están en contra de la Constitución Política del Estado.

“En uno de sus artículos determinan quiénes son autoridades y servidores públicos en el período en el que el MAS-IPSP es gobierno, lo cual es una generalización inadmisible”, dijo Baptista.

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), reprochó que por estatutos internos del partido oficialista se establece que los cargos del Estado deben ser copados solo por militantes y afines al masismo. El legislador señaló que esa disposición es una clara muestra de que se considera a Bolivia como propiedad del MAS.

“El Gobierno y el MAS están dominados por una rosca chapareña, encabezada por Evo Morales. Esa rosca tuvo la audacia y la ilegalidad de aprobar estatutos en los que se establece que solo un militante del Movimiento Al Socialismo puede participar en las instituciones del Estado. Eso es una barbaridad. Esa rosca quiere adueñarse del país”, cuestionó Roca.

Críticas a sectores

El legislador también criticó que el Pacto de Unidad quiera adueñarse del nivel central del Estado. “Lo que está haciendo el Pacto de Unidad es exactamente darle la razón a todo el pueblo boliviano, están dividiendo el país entre los abusivos y los abusados. Los abusivos, por definición, son los que circulan alrededor de la rosca de poder para conseguir prebendas”, dijo Roca.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, aseguró que en el nivel central del Estado trabajan perfiles capacitados y dijo que desconoce la elaboración de una lista negra para retirar de la función pública a los no militantes del MAS.

Mientras, los Ponchos Rojos, de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, pidieron al presidente Luis Arce que eche de la administración pública a funcionarios que trabajaron en los 14 años del anterior Gobierno del MAS, además de los “pititas” que permanecen en sus cargos para que 'nueva gente' sea tomada en cuenta.

“Estamos molestos porque siguen funcionarios que han servido durante 14 años; no vamos a permitir de ninguna manera”, dijo el ejecutivo provincial y denominado 'comandante' de los Ponchos Rojos, Santos Apaza quien sostiene que “gente que ha luchado” no tiene cargos públicos.

Para Saber 

Funcionarios públicos

Según los datos del informe Doce años de estabilidad económica, publicado en 2017 por el Ministerio de Economía, el crecimiento de personal dependiente del Estado estaba por el orden del 10% anual y hace cuatro años la planilla constaba de 526.955 funcionarios públicos.

Listas y avales 

Las “listas negras” y las denuncias de avales para acceder a la función pública sacudieron a varias estructuras del Movimiento Al Socialismo (MAS) después de las elecciones subnacionales de marzo, con episodios de tensión hasta la realización del congreso orgánico de agosto.

Aportes económicos

Otra observación que se hace al estatuto del Movimiento Al Socialismo (MAS) es sobre la contribución que el partido oficialista impone, vinculada directamente con el ejercicio de la función pública, específicamente para las “autoridades designadas, servidoras y servidores públicos, trabajadores, trabajadoras en instituciones públicas, descentralizadas, autárquicas que representen al MAS” deben aportar al partido.