Según el vocero presidencial Jorge Richter, el paro de actividades convocado para el 8 de noviembre por parte del sector gremial afín a los comités cívicos y la oposición, que exige al Gobierno nacional abrogar la Ley 1386, “busca impunidad por paz y tranquilidad”, hecho que no se acepta y menos se negocia.

“Estas amenazas con desestabilizar el país o con generarle daño económico a Bolivia serán sin lugar a dudas evaluadas por el pueblo boliviano en el momento oportuno cuando tengan que tener una expresión sobre la conducta que asumen los sectores de oposición al Gobierno”, afirmó.

El vocero presidencial dijo también que el propósito de paralizar las actividades en el país muestra que hay una intencionalidad política detrás de aquello que no quieren priorizar, como es el desarrollo de la economía y la producción.

“Pensamos siempre que el diálogo es el camino y que las medidas de presión sólo perturban lo que significa la reactivación económica, la reconstrucción de los espacios productivos del país, por lo que estas movilizaciones o paros no son otra cosa que políticos”, aseguró.

La dirigencia de gremios del transporte, médicos y comerciantes informales anunciaron un paro indefinido desde el 8 de noviembre si el Gobierno no abroga la Ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

Sin embargo, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, se reúne con los sectores movilizados para explicar los alcances y el espíritu de la norma en cuestión para aclarar sus interrogantes.

El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) decidió sumarse al paro indefinido que convocaron los comerciantes desde el 8 de noviembre. El Conade apoyará la medida con bloqueos. También piden al Gobierno atender a los indígenas