El título que encabeza esta nota corresponde a Franz Tamayo. Lo pronunció cuando el indio estaba sometido a extrema miseria, total indiferencia de parte del Estado, de los dueños de la tierra, de los partidos políticos, los grupos que se decían defensores del indio, en fin, de la población en general.
Esa situación no ha variado. Existe al presente, como hace unos cien o más años. Hoy existe hacia el indio una indiferencia similar o peor de antes, cuando era inconsciente, mientras ahora es un olvido consciente y deliberado. Participan de ese atentado contra los indígenas, el Estado Plurinacional, la COB, la Csutcb, partidos políticos, el Órgano Judicial, el aparato judicial, los constitucionalistas y hasta las mismas organizaciones indígenas que dizque defienden a los “hermanos” indios, por citar sólo algunas entidades.
En efecto, denuncias de extrema gravedad –basadas en la violación flagrante de derechos fundamentales de la población campesina de Bolivia y particularmente, los comunarios, ex colonos y otros de la región del altiplano, valles y yungas– pasan desapercibidas, son objeto de la indiferencia general y constituye una actitud racista de algunos sectores políticos que se atribuyen su representación y viven a la sombra de su presencia.
En efecto, se ha denunciado en estas páginas de EL DIARIO, que los indígenas aymaras y de otros grupos étnicos han sido privados del derecho de propiedad sobre sus predios y de los que siempre fueron dueños absolutos. Se ha subrayado que el hecho de arrebatar a los indígenas el derecho fundamental de vender sus tierras, constituye implícitamente quitarles la tierra que poseen, sus terrenos y, por tanto, están sometidos a un genocidio silencioso. No sólo eso, también se les prohibió el derecho a alquilar, hipotecar, transferir, permutar sus sayañas. Es más, esas prohibiciones dictadas por el régimen actual han determinado que los indígenas no puedan trabajar su tierra, porque la tierra ya no es de ellos.
Se destaca que esa prohibición a vender el terreno que poseen no rige para la población urbana, lo que demuestra que la discriminación parte del mismo gobierno que la dictó y la mantiene en plena aplicación.
Todos esos aspectos han convertido a los indígenas aymaras, quechuas, guaraníes, etc. en verdaderos parias, en individuos de última categoría social que, finalmente, sólo sirven para mantener al Estado Plurinacional y para emitir su voto a favor de gobernantes de turno, que les quitan, en un verdadero robo, sus parcelas, los someten a muerte lenta por hambre y pobreza.
En la actualidad, el hecho de arrebatar a los indios comunarios el fundamental derecho a vender sus tierras, adquiere gravedad extraordinaria, más aún, en el Siglo de los Derechos Humanos, derecho que se proclama de palabra a los cuatro vientos, pero que en los hechos no existe.
En la historia de Bolivia jamás se prohibió a los campesinos el derecho a vender sus tierras. Al contrario, varias leyes proclamaron que eran dueños absolutos de sus parcelas y se les garantizó que puedan vender sus bienes territoriales. La legislación agraria de Bolívar les dio ese derecho y los gobiernos de Santa Cruz, Ballivián, Belzu y siguientes la puso en aplicación irrestricta.
La Ley de exvinculación de tierras de comunidad, de 5 de octubre de 1874, dispuso en el artículo 5º “que los indígenas podrán vender o ejercer todos los actos de dominio sobre sus terrenos que posean, en la misma manera y forma que establezcan las leyes civiles respecto a las propiedades de los demás ciudadanos”. Esa discriminación no existía. Ahora rige de manera draconiana desde el Ministerio de tierras, el INRA y otros organismos del Estado Plurinacional.
Así, sucesivamente hasta la reforma agraria de 1953 que declaró a los campesinos dueños absolutos de las tierras que ocupaban con derecho a venderlas, alquilarlas, etc. y ser dueños de lo que producían y enriquecerse. Ese derecho a vender la tierra nunca fue anulado y si alguna vez fue recortado por alguna resolución burocrática, jamás fue establecido por la Constitución Política, ni muchísimo menos como la Constitución vigente.
El gobierno de Evo Morales convocó a la Asamblea Constituyente del año 2007 y ella prohibió la venta, alquiler, permuta, hipoteca, de tierras a los indígenas comunarios y otros aymaras, quechuas, etc. Así, al quitarles ese derecho les quitó la misma propiedad, o sea los dejó sin su medio de vida, porque quien no puede vender su tierra, no es dueño de ella.
Por otro lado, los hermanos indios han sido olvidados y no se les da alguna ayuda, lo que recuerda a la citada sabia sentencia de Franz Tamayo de hace más de cien años.
El olvido y desprecio total a que están sometidos los “hermanos indios” es una acción de racismo, discriminación y condena a muerte. Se rinde culto a la “pachamama” y olvida al hombre, al ser humano. La prohibición condenatoria produce la migración a las ciudades y el exterior, el abandono de la tierra, la pérdida de personalidad social, la pobreza. Las ciudades se llenan de mendigos y desocupados, crecen el contrabando y el narcotráfico, vale decir que el Estado crea su propia crisis.
El problema es de máxima gravedad. Pero, ¿quién pone el cascabel al gato?