Tres abogados, además litigantes, advierten que el Estado boliviano está en crisis a causa del sistema judicial porque no garantiza la vigencia de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales de los ciudadanos con equidad, ecuanimidad e independencia.
Los juristas Marco Baldivieso, William Herrera y Williams Bascopé, además de docentes y estudiosos del derecho, tienen la experiencia directa de litigar cotidianamente en los tribunales, saben desde la experiencia los problemas del sistema judicial.
En el primer conversatorio organizado por la Agencia de Noticias Fides (ANF) “La vergonzosa deriva de la justicia en Bolivia”, los abogados identificaron más de 10 problemas en una aproximación a un diagnóstico de cara a la reforma judicial.
Entre los más relevantes señalaron la injerencia política, la desinstitucionalización, la falta de una carrera judicial y fiscal, el congestionamiento de casos, el bajo presupuesto, la falta de una adecuada infraestructura y de tecnología en todo el sistema.
También perciben que hay una falta de honestidad, convicción y transparencia de los operadores de justicia, corrupción en diferentes niveles, burocracia, y que en definitiva el Órgano Judicial no cumple su rol de control al resto de los órganos del Estado: Ejecutivo y Legislativo.

SIN GARANTÍAS
En este contexto, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional y docente Marco Baldivieso sentenció: “No tenemos garantía de justicia en Bolivia”, un tema que debiera ser de principal atención del Gobierno porque está develando que el Estado está en crisis.
“Un Estado donde su sistema judicial no le garantice los derechos humanos de las personas, sus libertades públicas y resolver los conflictos con equidad, con ecuanimidad, es un Estado que está en crisis y nosotros somos un Estado en crisis porque hay gente que ya no quiere acudir a los tribunales de justicia”, sostuvo Baldivieso.
Para el abogado William Herrera no solo es un problema del Poder Judicial, sino del Estado en una “crisis profunda”, porque los jueces, fiscales y la Policía no actúan a título personal sino en nombre de un Estado.
Observó que después de 15 años los problemas “grandes” que afronta Bolivia no se resolvieron, por ejemplo, la falta de “institucionalidad”. Detalló que el Estado “persigue a los políticos”, pero no enfrenta la inseguridad, el contrabando, el narcotráfico, entre otros.
Baldivieso reflexiona que, para evitar el monopolio del poder o la hegemonía total, los juristas y filósofos visionarios crearon el sistema de “pesos y contrapesos”, el “control horizontal y vertical” de los poderes y un “equilibrio” entre el Ejecutivo y Legislativo. Cosa que en Bolivia no existe.
“Entonces, no hay contrapesos ni frenos entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Y quién, cuál es el órgano llamado a frenar el embate, ese abuso, ese autoritarismo cuando el poder se concentra? Es el Órgano Judicial”, comenta.
Asimismo, se ha creado fuera del Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional para ejercer la justicia o control constitucional para precautelar el respeto y vigencia de los derechos humanos y garantías constitucionales.
Cree que es cómodo para los gobiernos tener sistemas judiciales y tribunales constitucionales débiles y “genuflexos” y un Ministerio Público que sirva absolutamente a todos sus designios especialmente la persecución política.

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LA INDEPENDENCIA, LAS DESIGNACIONES Y EL PRESUPUESTO
El abogado Williams Bascopé señala que hay otro problema de origen en el sistema judicial que es la falta de institucionalización y la ausencia del principio de independencia, a raíz de las designaciones “a dedo” de los operadores de justicia que tienen que “coquetear” con los partidos políticos, sin que se evalúe la meritocracia y trayectoria profesional.
Aboga por la jerarquización de los cargos y porque los políticos “no metan la mano” en los procesos de selección, asemeja a un juego de ajedrez donde los políticos mueven sus fichas en el poder Judicial.
Baldivieso comparte este criterio, sostiene que la “politización” está dañando la administración de justicia, en consecuencia, es necesario procurar una selección más adecuada, cualificar a los seleccionadores para que los elegidos sean los mejores hombres y mujeres.
Bascopé recordó que en el pasado se criticaba mucho a los neoliberales, pero que en definitiva cree que en los años 90 y 98 intentaron colocar gente capaz, reconocida en la academia, con recorrido profesional y no a “cualquier aventurero.
La dependencia del Órgano Judicial también es económica, porque depende del Ejecutivo la asignación del presupuesto, “no debería tener la necesidad de estirar la mano” al Gobierno sostiene el exmagistrado del TCP.
A propósito del tema, los abogados observaron que el Gobierno asigne solo un 0,5 %, del Presupuesto General de la Nación. Herrera dijo que no es posible que un órgano del Estado que tiene la misma jerarquía de los otros órganos reciba un presupuesto paupérrimo.
Precisó que en Latinoamérica la media del presupuesto orientado a la justicia es de 3 % o 6 %, Costa Rica es el país que tiene el presupuesto más alto del 6 %.

PRESUPUESTO, SUELDOS VERSUS ÉTICA Y CONVICCIÓN DE SERVICIO
En el conservatorio surgió otro problema, el bajo presupuesto que destina el Gobierno al Órgano Judicial, el que no llega ni al 0,5 % del Presupuesto General de la Nación, el más bajo con relación a otros países que reciben el 3 % o el 6 % como es el caso de Costa Rica.
Bascopé explica que el congestionamiento de causas en los juzgados, en un país en el que los ciudadanos están acostumbrados al litigio penal, no recurre a la vía civil o a la conciliación cuando son casos menores, sino al proceso penal.
Situación que sobrecarga el trabajo de jueces y de fiscales, asimismo, observó las condiciones laborales en los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) y las Fiscalías, la falta de equipos tecnológicos.
“Si tenemos un mayor presupuesto podemos designar más operadores de justicia, más jueces y hombres y mujeres más capacitados, es decir, con sus respetivos secretarios, sus oficiales de diligencia, pero eso es más presupuesto”, sostuvo.
“Una reforma judicial sin recursos creo que quedará en nada”, remata Herrera, al compartir que el tema presupuestario es central si se pretende encarar una reforma seria y responsable de cara al país.
“Cómo hablar de infraestructura si no es con recursos, cómo hablar de tecnología si no es con recursos, cómo hablar de capacitación si no es con recursos, cómo pensar en mejorar las remuneraciones sino es con recursos”, cuestionó el abogado.
Explicó que en algunos países el porcentaje de presupuesto está constitucionalizado para evitar la manipulación del gobierno que detenta el poder. En el caso boliviano el Órgano Judicial solicita su presupuesto al Ministerio de Economía y la última palabra la tiene el Gobierno.
Cuestionó que en el gobierno de Evo Morales había ministerios como el de Comunicación que manejaba millones solo en grandes campañas de propaganda gubernamental. De acuerdo al PGN los ministerios de Defensa, Gobierno, Presidencia, tenían grandes presupuestos en comparación a todo un órgano como es el Judicial.
Herrera acotó que vinculado a todo el tema administrativo se encuentra el Consejo de la Magistratura dedicado al tema disciplinario y al tema financiero, sin embargo, “ha sido descuartizado”, porque su trabajo ha quedado perdido.
El exmagistrado del TCP tiene otra visión, cree que más importante que los recursos económicos es la calidad profesional, humana y ética de los operadores de justicia. Asegura que los jueces pueden ganar 10 mil dólares, pero si no se desempeñan con honestidad, independencia y transparencia “no a servir de nada” los cambios que se hagan.
“Hay que pagar bien a los jueces, pero obviamente quien ejerce la judicatura lo tiene que hacer por vocación (…). Hay que tener ética, ética en el servicio de la justicia, yo diría más que el tema económico que es importante, es la calidad y capacidad de los jueces”, dijo.
Insistió que “el principio del cambio no es tanto el aspecto económico sino la selección de estas autoridades (…), yo creo que ahí estamos fallando”, afirmó.
Baldivieso sostiene que sucede lo mismo en el Ministerio Público, donde los fiscales de departamento siguen sin ser institucionalizados, y responden a la “amistad” del fiscal general del Estado, para que éstos cumplan al pie de la letra sus decisiones.
La selección de los administradores de justicia desde el nivel de magistrados hasta los jueces debiera ser una tarea de alta responsabilidad, porque la elección por voto popular de las altas autoridades de los tribunales terminó con la elección de los “aplazados”.
Desahucio una reforma judicial en 90 días, considera que no es serio hacer este tipo de anuncios en temas tan importantes para la vida democrática del país, más aún cuando el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) estuvo al frente del Estado casi 14 años de manera ininterrumpida.
El pasado 1 de septiembre, el ministro de Justicia, Iván Lima, al lanzar una ruta crítica de seis pilares para concretar la reforma judicial, dijo que el plan consta de una etapa preparatoria, un periodo de presentación de propuestas y mesas de trabajo, sistematización y conclusiones, para luego pasar a poner “fechas y presupuestos” a la reforma.
“Si en 15 años (el gobierno del MAS) no ha tenido la voluntad política de arreglar por lo menos parte de los entuertos que tiene el poder judicial ¿cómo podríamos creer que se lo haga en 90 días?” cuestionó.

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CORRUPCIÓN
Los tres juristas coinciden que uno de los grandes problemas también es la “corrupción”, perciben que se ha generalizado en diferentes niveles.
Estamos frente a una justicia burocrática y corrupta, sostiene Bascopé. Detalla que “se ha hecho tradición desde las notificaciones hasta ciertas diligencias, todo es dinero (…). Si tú no dejas algo no te lo van a hacer, sino dejan algo para el ‘equis’ operador no hacen el oficio, no sacan el desapoderamiento (…). Todo se ha distorsionado”, sostuvo.
Aunque admite que esta conducta no es reciente, pero advierte que en los últimos años la situación se ha vuelto crónica, sin que existan frenos para esta situación.
El abogado Baldivieso recordó una frase del primer presidente del Tribunal Constitucional, Pablo Dermizaky, designado en julio de 1998: “No somos infalibles, pero somos insospechables”. Esto significa que los magistrados pueden tener errores humanos, pero no dolosos, ni con mala intención. (ANF)