A los radicales del Movimiento Al Socialismo les preocupa, y mucho, el trabajo que realizan los medios de comunicación que no recitan sus mensajes. Y es que ellos sueñan con un país lleno de militantes comprometidos y la fiscalización, la libertad de pensamiento, la crítica y la disidencia no van con su objetivo.

Y, claro, su preocupación aumenta exponencialmente cuando estos medios despegan en la web y, a la vez, en ese mismo espacio aparecen otros que también incomodan al poder por no hacer el “periodismo militante” que quieren.

En ese frente, el oficialismo pelea la batalla con sus denominados “guerreros digitales”, una especie de “ciberencapuchados” armados de conocimientos tecnológicos que tienen la misión de neutralizar a cualquier costo (incluso la desinformación) los mensajes negativos para el Gobierno.

Actúan desde cuentas falsas, usan seudónimos y borran sus huellas cuando lo consideran necesario. Pueden cometer cualquier exceso porque no existe ninguna regulación sobre su actividad y ni al MAS ni al Gobierno   les preocupa eso; por el contrario, algunas autoridades, como el procurador Wilfredo Chávez, replican sus montajes con mentiras.

La primera promoción de 80 “guerreros digitales” se graduó a mediados de 2018, en un acto con presencia de autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes anunciaron que se trataba de ciberactivistas que trabajarían gratuitamente para informar “la verdad” al país y “desmentir a la oposición”.

Suponemos que para responder a la oposición se necesitaban argumentos sólidos de análisis político y conocimientos, al menos regulares, de la gestión gubernamental. Pero los “guerreros digitales”, según contó entonces a Página Siete uno de sus formadores, habían sido capacitados en manejo de programas de edición de imágenes y video, como Photoshop y Adobe Premier.

El cuento del trabajo gratuito fue desmentido en enero de 2020, cuando una investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)  de La Paz determinó que los sueldos de los guerreros digitales fueron pagados con descuentos a funcionarios públicos y con recursos del Tesoro General de la Nación. La remuneración oscilaba entre los 12.000 y 18.000   bolivianos.

Un video difundido la semana pasada en redes sociales mostró que estos soldados del proceso de cambio fueron reagrupados y, aparentemente, para trabajar en mejores condiciones y, obviamente, con muchos más recursos.

El audiovisual muestra una oficina en Santa Cruz con al menos 25 terminales de computación con igual número de operadores. El “búnker”, según explica el joven que hizo el registro, está a cargo del asambleísta del MAS Edwin Muñoz. En esas instalaciones se realizaron además entrevistas a dirigentes, militantes y a hombres del gobierno de Morales, como los exministros Hugo Siles y Carlos Romero.

El registro se hizo en un día laboral y la actividad es intensa;  todos los monitores se encuentran encendidos y los operadores están atentos a su labor. Tomando en cuenta el dato revelado hace un año, 25 “ciberactivistas” con salarios de 12.000 bolivianos representarían un costo de  300 mil  bolivianos al mes, eso sin contar a los camarógrafos, conductores y personal de apoyo que se ve en el lugar. Y sólo se trata de un búnker en Santa Cruz.

Al margen de las interrogantes que nacen sobre su financiamiento (con los aportes obligados para mantener la militancia del MAS, de seguro al partido de gobierno le alcanzará para pagar equipos aún más grandes) lo que todos deberíamos preguntarnos es cómo identificar los contenidos que producen, aunque no son difíciles de distinguir.

A diferencia de ellos, que actúan en el anonimato, con remuneraciones cuyo origen no está claro y amparados en la ausencia de una legislación que regule su trabajo, los medios y los periodistas independientes dan la cara por los contenidos que producen, reciben salarios conforme dispone la Ley General del Trabajo y están regulados por varias leyes.