La mayoría del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en la Cámara de Diputados el Proyecto de ley 342 que da vida legal al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 que elaboró el Gobierno y que obliga a cumplir a entidades autónomas —gobernaciones y municipios— y a las universidades del país.

La ley consta de seis artículos y un anexo de 209 páginas en los que se detalla los 10 ejes del plan. El primero tiene que ver con la estabilidad económica, el segundo con la industrialización y la sustitución de las importaciones. El siguiente acápite está relacionado con la seguridad alimentaria seguido de la “profundización de la industrialización de recursos naturales”.

El quinto eje tiene que ver con la educación, el sexto es sobre la “salud en tiempos de pandemia y en el séptimo se incluye la reforma judicial planteada por el Gobierno. Los últimos tres ejes del plan están relacionados a las políticas públicas en materia de medioambiente, “las relaciones internacionales con soberanía”, donde plantea el reclamo del país para retornar al Océano Pacífico, y la democracia cultural.

“El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025 ‘Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones’ es de ejecución y aplicación obligatoria por las siguientes entidades: Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas; Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional, instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, entidades territoriales autónomas (gobernaciones y alcaldías) y universidades públicas”, señala el artículo cuarto del proyecto que pasó al Senado para su tratamiento legislativo.

El  jefe de bancada de la alianza opositora Creemos, Erwin Bazán, cuestionó el carácter “centralista y autoritario” del proyecto. “Seguramente las universidades, municipios y gobernaciones van a tener que salir a las calles para pedir la abrogación una vez que sea aprobada y promulgada, porque esta Ley no ha sido socializada”, cuestionó.

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que esta norma no fue debatida en la comisión legislativa y que el plan se presentó horas antes del debate en la plenaria. Afirmó que la ley “no respeta las autonomías ni la independencia de poderes que está establecida en la Constitución”.

“Este plan beneficiará a los nueve departamentos y prevé $us 33.197 millones de inversión en los próximos cinco años en el área productiva, infraestructura y social, principalmente educación y salud. La Ley que tratamos emergió de las nueve cumbres departamentales y una cumbre nacional”, indicó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra.

Dijo que la propuesta de ley de ninguna manera atenta contra las autonomías territoriales como pretenden hacer creer políticos de oposición "tendenciosamente", y cuestionó que no hayan tenido voluntad para revisar el contenido del proyecto. “No analizan (la norma) técnica y jurídicamente, la oposición simplemente le miente al país”, enfatizó.

Durante la sesión plenaria, la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, explicó los alcances y objetivos del proyecto de ley. Aseguró que cuenta con “la debida solvencia técnica e ideológica que permitirá a Bolivia dar un salto cualitativo en los próximos años”.