“La respuesta que proponen Eduardo Rodríguez y Juan Del Granado es que retrocedamos al cuoteo. Lo que están diciendo es que la gente ya no decida, que la gente ya no vote y que volvamos al cuoteo”. Estas palabras corresponden nada menos que al ministro Lima, con motivo de una entrevista en un medio digital a fines de septiembre (“Talcual” 27/09/2021), en la que además afirmó que “hay dos caminos para reformar la justicia, el de la madurez política o el de la aventura”.

Lo lamentable de estos criterios “oficiales”, no es tanto la descalificación, sino el desconocimiento de la propuesta que días antes hicimos 10 juristas, para iniciar una reforma judicial estructural, a partir de una reforma constitucional parcial vía Referendo Ciudadano. Esa propuesta no la suscribe el expresidente Rodríguez Veltze, y la misma persigue, precisamente, acabar con el cuoteo de los máximos tribunales de justicia, como práctica de todos los gobiernos, que ha sepultado la independencia de los jueces y de los magistrados.

No identificamos en el voto popular el fracaso de las elecciones de 2011 y 2017, sino en el manoseo de la selección de postulantes, que la actual Constitución encomienda a la Asamblea Legislativa, donde los 2/3 del MAS se encargaron de “seleccionar” candidatos solo entre sus militantes y allegados, desechando por completo los méritos. Es tristemente célebre la frase de un diputado masista, miembro de la subcomisión de calificación que, ante la exhibición de un doctorado, le dijo al candidato: “Aquí no queremos sabios”.

Sí, nuestra propuesta busca, junto a una intachable idoneidad personal, la mayor sabiduría y experiencia jurídicas posibles, porque solo a partir de allí encontraremos jueces y magistrados que no le contestarán la llamada a ningún ministro y que sí administrarán justicia imparcial con ética y sapiencia. Por ello el primer cimiento de nuestra propuesta, para tener jueces independientes e imparciales, tiene como esencia la calificación de méritos e idoneidades personales, calificación que no debe estar en la Asamblea Legislativa, tenga o no 2/3 la fuerza política mayoritaria, porque si los tiene, el cuoteo será interno, y si no los tiene será con las otras fuerzas, como ocurrió larga y tristemente durante la “democracia pactada”.

Estamos proponiendo que esa calificación de méritos esté a cargo de una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por 6 miembros designados por el Parlamento, las Universidades, el Colegio Nacional de Abogados y el Sistema Indígena Originario. Sí, estamos, de acuerdo con que, sobre esas ternas cerradas, con postulantes que hayan obtenido más del 75% de puntaje, la Asamblea, por 2/3 de todos sus miembros, designe a los magistrados, pero esa designación, necesariamente, deberá ser sometida a Referendo popular aprobatorio.

Esa es la “aventura” que, según Lima, estamos proponiendo, frente a la “madurez política” de su ministerio que, en un año, ya ha efectuado 3 propuestas distintas de reforma, poniendo en la última un eje rotulado “independencia judicial”, donde solo atina a proponer exámenes y evaluaciones “plurinacionales” y “descolonizadoras” de los jueces actuales, amén de “balancearlos” en todo el territorio nacional.

Y nuestra propuesta tiene 2 cimientos más que, al parecer tampoco los ha leído el ministro Lima: Uno, dotarle al Órgano Judicial, por disposición Constitucional, al menos del 3% del Presupuesto Nacional para tener más jueces y juzgados, con mejores sueldos, mejor infraestructura y medios de trabajo. Y, dos, buscar acceso universal a la justicia, con la revalorización de la justicia indígena originaria y la creación de la justicia de Paz. Parece que el ministro Lima conoce poco de justicia indígena. En la entrevista nos dice que “cuando la Constitución habla de justicia indígena, no está hablando necesariamente del área rural, está hablando de la forma en que El Alto, Montero, Warnes, el Plan 3000 o Quillacollo resuelven sus problemas…”. ¿Qué tal? Seguramente las naciones y pueblos indígena originarios no saben que el ministro de Justicia desconoce su existencia, aunque se llene la boca con discursos plurinacionales.

No nos equivocamos cuando, a tiempo de lanzar nuestra propuesta, afirmamos que ya no hay nada que esperar del Estado y mucho menos de un gobierno que apresa a juezas que no siguen sus instrucciones, o que mantiene una inacción dolosa frente a niñas torturadas por violaciones y embarazos que pasan a “tuición de la iglesia”, mientras que el “ente rector” de los derechos de la infancia, el Ministerio de Justicia (Ley 548), no hace absolutamente nada. Está claro que el Referendo Popular es el camino.