El gobierno de Luis Arce tiene en la mira a los medios de comunicación y por eso el Pacto de Unidad, que agrupa a cinco organizaciones sociales del MAS, ha pedido que se apruebe una ley de comunicación porque considera que los medios independientes “promueven una agenda mediática para desestabilizar” al gobierno de Luis Arce Catacora, “a través de la mentira y día a día pretenden hacer ver a los golpistas y masacradores del 2019 y 2020 como santas palomitas y perseguidos políticos”.

La resolución se constituye en un abierto ataque a la libertad de prensa y al trabajo de los medios de comunicación a los que el Pacto de Unidad considera “alineados y de propiedad de la derecha y la oligarquía nacional, quienes apoyaron el golpe de Estado de 2019, fabricaron un supuesto fraude, trataron de hacer creer con encuestas fabricadas que el MAS-IPSP perdería las elecciones 2020”.

Este documento demuestra que el MAS, a como dé lugar, quiere criminalizar la actividad de los medios de comunicación involucrándolos en un golpe de Estado inexistente por el que se ha dado a la tarea de perseguir a los opositores. En 2019 sucedieron una serie de hechos que derivaron en la renuncia del presidente Evo Morales y la posterior asunción de Jeanine Añez a la Presidencia y, como es natural, estos eventos fueron reflejados por los medios de comunicación. Que ahora el Gobierno quiera cambiar esa historia y perseguir a quienes contaron los sucesos tal como ocurrieron, muestra que los estrategas políticos no tienen límites. 

No es casual la resolución de los movimientos sociales del MAS. Usualmente cuando ese partido quiere poner un tema en agenda recurre al Pacto de Unidad para que, de esa manera, se dé un ropaje de pueblo a las decisiones que en muchos casos ya están tomadas por el oficialismo. Precisamente por eso, hay que estar alertas porque si el Pacto de Unidad hizo un pedido, es porque el Gobierno o, al menos, una parte de él,  quiere aplicar controles y restricciones a los medios de comunicación.

Los sectores oficialistas piden en su resolución “la distribución equitativa de la publicidad estatal en los medios de comunicación, avanzar en la construcción de una ley de comunicación” y además anuncian que las organizaciones están construyendo una ley de comunicación indígena originaria campesina y afro boliviana.

Hay que hacer notar que el contexto en el que se  produce esta arremetida es también hostil a los medios de comunicación. El gobierno de Luis Arce, mediante sus voceros, ataca frecuentemente el trabajo de los periodistas. El más duro en sus críticas es el procurador y exabogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, pero no se quedan atrás otras autoridades, entre ellas, el ministro de Justicia, Iván Lima.

Incluso, en medio de los conflictos de Adepcoca, un periodista de Página Siete fue detenido, golpeado, gasificado y los policías estuvieron a punto de abrirle un proceso penal totalmente injusto porque él fue la víctima de la arremetida de los uniformados y no al revés. Y, hace apenas unos días, el caricaturista de nuestro medio recibió amenazas de muerte luego de haber aludido al Procurador en una viñeta.

Frente a esta situación, diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado pidiendo garantías para el trabajo de la prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) observó que en Bolivia existen “rasgos de preocupante violencia en agresiones a periodistas y actitud pasiva de autoridades encargadas de preservar la justicia y el respeto a la libertad de prensa”.En ese marco, el nuevo pedido de confeccionar una ley de medios, conociendo las intenciones de fondo del MAS, no puede menos que alarmar a quienes defienden los valores democráticos del país. Lo que queda es rechazar este nuevo intento del oficialismo de coartar la libertad de expresión porque atenta contra un derecho fundamental de la ciudadanía y socava los valores democráticos del país.