“Es una interpretación basada en la norma internacional de los derechos políticos. La propia Constitución establece el reconocimiento prioritario y más beneficioso para el respeto de las personas”, declaró.

Estos derechos políticos emanaron de la preferencia que establece la Constitución Política del Estado (CPE) sobre otras disposiciones legales de reparación en la aplicación de la norma, explicó Viruez.

Dijo que en el mismo texto constitucional existían disposiciones que restringían la aplicación de estos derechos.  

“Es por eso que se solicita al Tribunal Constitucional que haga una interpretación sobre cuáles son los límites para su restablecimiento”, explicó.

Sostuvo que la sentencia constitucional abre la puerta a la repostulación de las actuales autoridades nacionales y subnacionales y deja en manos de la población definir su preferencia.