Que en el curso de una sola semana parlamentarios masistas propongan leyes contra la libertad de expresión y, en Guarayos, otros masistas, avasalladores de tierras, secuestren a periodistas, es amenaza muy seria.
Es por lo menos un caso de fuego cruzado contra la libertad de expresión en el país. Que todos ellos, parlamentarios y avasalladores, sean analfabetos, no autoriza cruzarse de brazos.
Si los parlamentarios no saben leer es algo que no importa a quienes manejan esta estrategia, porque entienden que los jueces que han de aplicar esas leyes saben leer, con cierta dificultad, pero saben hacerlo.
En este panorama, quizá ha llegado el momento de preguntarse si Bolivia ha pasado a ser un Estado fallido con todas las formalidades exigidas para estos casos. Exigidas por las Naciones Unidas, como en el caso de Somalia.
Que los contrabandistas del altiplano den guerra a los oficiales del ejército, o que los de Yacuiba los amenacen, y San Matías se haya convertido en la “Ciudad Juárez” de Bolivia, refuerzan la sospecha sobre el Estado fallido.
O que unos masistas ordenen la detención de generales en ejercicio, que un general de policía muera en la cárcel, donde fue enviado por orden del cocalero Morales y su plan de “venganza extrema”, sólo confirman las sospechas.
El problema, en este caso, es que ni siquiera los fiscales, jueces y miembros del TCP que ordenan las cosas aquí saben exactamente de qué se trata todo esto. Son órdenes que les llegan desde lejos, leyes que ellos leen con dificultad.
En suma, un país en manos de títeres que no tienen la menor idea de lo que están decidiendo. El propio “jefazo” es un títere.
De paso, organismos recién inventados, como “Bolivia verifica”, en que unos periodistas de dudosa capacidad profesional, y medio analfabetos, deciden lo que es verdad y lo que es falso en las informaciones. ¿Quién les ha dado esa autoridad?
Las leyes que están en preparación, para reducir los márgenes de democracia, no son conocidas por nadie, ni siquiera por los masistas que las aprobarán sin haberlas leído, como acostumbran.
La ley 1.386, contra la cual se ha levantado casi todo el país, había sido aprobada por unos masistas que ni siquiera la leyeron. Unos extranjeros enviaron esas leyes para que sean aprobadas a fardo cerrado, y así se hizo, como sucedió con la CPE y aquello del “Estado plurinacional”.
Ahora se sabe que los ideólogos de esa tesis resultaron ser unos españoles a sueldo de Hugo Chávez, otro analfabeto.
¡Y pensar que Platón aconsejaba tener a filósofos como gobernantes!!