El proyecto de ley complementario a la Ley 1.386 de “Ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo” que se encontraba en el Parlamento para su tratamiento, considerado arbitrario por el pueblo, tuvo que ser “suspendido”, pero las protestas y reclamos se refieren también a la derogación de la citada Ley 1.386 (aún no suprimida definitivamente), que ha sido motivo de angustias, preocupaciones y protestas de la comunidad nacional, tanto por las arbitrariedades que contiene, como por la inoportunidad de su aplicación.
Hay que colegir que el gobierno, ante la contrariedad nacional, tuvo miedo o albergó temores por lo que creyó tratarse de un “golpe de Estado”, extremo que está muy lejos del pensamiento, criterios o intenciones del pueblo, ya cansado de este tipo de acciones que hoy sirven solo como pretexto o argumento gubernamental o político para disminuir la contundencia de los problemas que no puede resolver. No hubo, pues, intención alguna de golpes ni otros sentimientos; hubo, y con justa razón, rechazo y protestas airadas ante intenciones que, estaba visto, sería imposible aplicar en Bolivia (y que en su momento fue posible en Cuba, Nicaragua o Venezuela). El temor demostrado es un ejemplo más de la inseguridad que tiene el gobierno para manejar los asuntos del Estado.
Pero es de convenir que, si se anulara o abrogara la medida, sería una actitud valiente y demostraría honestidad y reconocimiento de lo que al pueblo no le agrada, por ser contrario a sus intereses y hasta principios de dignidad que se verían afectados, violados o intervenidos con una ley inquisitoria que da derechos a quienes ejercen autoridad de cualquier clase. Lo que corresponde es abrogar, anular o derogar, mediante otra ley, lo aprobado; de otro modo, solo dejarla en suspenso es engañoso y reconocerle vigencia que cualquier funcionario en ejercicio de una especie de “fiscalato” o un notario de fe pública se permitiría aplicar.
Sería, pues, ponderable haber retrocedido reconociendo la inconveniencia de leyes o disposiciones por ser medidas arbitrarias y contrarias a principios elementales de respeto a la dignidad y derechos propietarios del pueblo, que siempre han sido considerados legales, sagrados, respetables e inviolables que nadie, por ninguna razón que alegue puede incumplir.
El gobierno del presidente Arce, conjuntamente el poder Legislativo, han cometido el craso error de aprobar la ley atentatoria; pero han actuado correctamente al enmendar su yerro, al anularla; pero, en todo caso, la experiencia obliga a pensar, estudiar, ver conveniencias con prudencia, tino y mesura cualquier disposición que se vaya a dictar; no se debe proceder precipitadamente por conveniencias partidistas o personales o de cualquier naturaleza porque puede afectar o no a la seguridad y tranquilidad de la nación.