Nunca en la historia nacional se ha creído que la política partidista no es importante y menos que, en su momento, no pueda ser beneficiosa cooperando inclusive a las autoridades y, además, si se está en funciones de gobierno, confrontar con partidos políticos que se encuentran en el llano; pero, de ahí a pensar o creer que el partido en el gobierno es fundamental para la buena marcha del gobierno, hay mucha distancia.
Muchas veces ocurre que para gobernantes que han tenido apoyos sustanciales de su partido político para asumir el cargo, es de “vital importancia el apoyo y guía del partido”; es, en todo sentido, una falsa posición porque si bien el partido puede cooperar, sugerir, proponer, presentar estudios y mostrar al régimen sus aciertos y errores, no quiere decir, en modo alguno, que pueda y debe asumir posiciones de mando en “qué dirá, qué pensará, cómo obrará, aprobará o no lo hecho, autorizará su realización el partido o no”, que no corresponde ni es pertinente a su labor de asesoramiento. En otras palabras, el partido no tiene autoridad, no está revestido de autorización legal alguna para ordenar y disponer, para negar o aprobar lo que haga o diga el gobierno, que es el que tiene el poder constitucional debido. El partido, a cuyas filas pertenecen determinadas autoridades, no manda ni dispone ni ordena ni tiene poder alguno; es, simple y llanamente, una especie de asesor, pero sin autoridad ejecutiva o con potestades mayores a las del gobierno.
Es preciso, pues, que todos los componentes de un partido político — en el gobierno o ajeno a él– tomen conciencia de país y no esperar que el país esté supeditado a su voluntad y decisiones. El partido es eso, un partido político conformado por una militancia de la que hayan sido escogidos algunos para ejercer funciones en el gobierno cumpliendo mandatos de las leyes. Todo muestra la urgencia de tener conciencia de país y comprender que la política partidista está al servicio del país y no para servirse de él.
Las conveniencias de partido son nada ante lo que es el país y sus intereses. Cada gobierno, al asumir el mando de la nación, debe hacerlo con la convicción de que recibe la encomienda de servir a Bolivia, conjuntamente la misión de que todos, sin distinción alguna, deben tomar conciencia de país y su deber de amarlo, prescindiendo de otros sentimientos o intereses ajenos al pueblo.