Los gremialistas y otros sectores anunciaron ayer un paro nacional indefinido a partir del 8 de noviembre en rechazo a la Ley 1386, de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Las organizaciones dieron un plazo de ocho días al Gobierno para derogar la norma. El Movimiento Al Socialismo (MAS) reprochó la decisión y adelantó que no tendrá efecto.

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, afirmó que, si hasta el 7 de noviembre el Gobierno no anula la Ley 1386, pondrán en marcha un paro nacional desde el 8 de noviembre. El dirigente dijo que se asumió la determinación con sectores de transportistas y médicos. Figueroa pidió la colaboración de comités cívicos y plataformas ciudadanas para llevar adelante el paro.

“Hemos resuelto dar un plazo de ocho días, que fenece el 7 de noviembre. Caso contrario estaríamos volviendo a salir a las calles en un paro indefinido con cierre de mercados y cierre de fronteras a cargo de todos los sectores”, declaró Figueroa al término de la reunión que se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra.

La reunión ampliada que se desarrolló ayer contó con la participación de los transportistas confederados de larga distancia, nacional e internacional, además de las cámaras departamentales de transporte, asociaciones de taxis y juntas de vecinos.

“También debemos pedir a todos los comités cívicos un apoyo, a las instituciones que somos la mayoría de nuestro país para que se anule esta ley madre que perjudica a todos los bolivianos”, resaltó Figueroa, acompañado de dirigentes del transporte y médicos.

El representante gremialista descartó ir a un diálogo convocado por el Gobierno si es que no existe la intención de abrogarla. Dijo que no aceptan modificaciones o la elaboración del decreto reglamentario de la norma.

Críticas desde el MAS

El MAS cuestionó la decisión que adoptaron los gremialistas. El diputado Juanito Angulo consideró que el paro indefinido “será un fracaso” debido a que existen sectores que desean trabajar para reactivar la economía del país.

“Es una mala decisión que se toma con unos cuantos sectores. No creo que haya apoyo de todo el país. Conozco sectores que no aceptan estas medidas de paros, como los comerciantes de Potosí. Así como van será un fracaso ese paro”, aseguro Angulo.

La Ley 1386, también conocida como “Ley madre”, contiene un “plan de trabajo” que proyecta ajustes en el Código Penal y otras normativas para “fortalecer” las acciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

De los siete artículos que tiene la cuestionada normativa tres generan preocupación de sectores que anuncian movilizaciones para el 8 de noviembre, el día en el que el presidente Luis Arce cumple un año de gestión.

Esa fecha se prevé que el mandatario emita un informe de gestión desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, según detalló la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

El Gobierno llamó al diálogo para trabajar el decreto reglamentario de la Ley 1386. Algunos sectores, como los cooperativistas mineros y gremialistas de Potosí aceptaron el acercamiento.

Mientras, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propone al Gobierno derogar el artículo 7 de la norma y reemplazarlo por un texto que sugirieron. El vicepresidente del sector, Braulio Arguedas, descartó sumarse al paro nacional y dijo que ellos solos impulsarán medidas si no aceptan su sugerencia.