En medio de los aprestos por la sucesión presidencial el 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora Jeanine Áñez ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, impedir el ingreso de masistas a la Asamblea Legislativa.

Dicha información está contenida en la ampliación de la imputación formal del caso Golpe de Estado II —a instancias del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado— contra cuatro exjefes militares.

El documento, al que accedió La Razón especifica que ese 12 de noviembre Áñez mandó una carta a Kaliman para solicitar el resguardo “de los alrededores de la Asamblea Legislativa”. Lo hizo “disponiendo como Capitana General de las Fuerzas Armadas y la Policía, ordenando que se impida el ingreso de autoridades (NdR: senadores y diputados) del oficialismo para que las mismas no pudieran sesionar, vulnerando sus derechos como parlamentarios al no permitir el ingreso a dichas instalaciones”, dice la imputación expedida el 9 de septiembre.

 El dato coincide con las declaraciones que en su momento ofreció a La Razón Radio la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, entonces senadora y luego presidenta de ese órgano legislativo, que habló de tres cordones de seguridad.

“Hemos tratado de llegar al centro (político del país) después de que, de la noche a la mañana, se hizo una convocatoria ‘trucha’ (a sesiones), pero mis colegas no pudieron llegar porque no había paso (por los bloqueos) y tampoco nosotros podíamos ni entrar al kilómetro cero porque había tres (cordones de seguridad) que no nos daban el paso”, dijo sobre el resguardo en la plaza Murillo.

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Según recordó, esos cordones de seguridad estuvieron conformados por los “pititas”, el grupo de choque contra los masistas, en el anillo exterior; en el medio por elementos de la Policía Boliviana y en la misma Asamblea Legislativa por efectivos militares.

“Ella (llegó) al Palacio, hasta los militares la pusieron la banda (presidencial), ella (logró tener) el control de la Policía y de las Fuerzas Armadas y nosotros (en un principio) ni siquiera teníamos seguridad”, insistió Copa.

La ampliación de imputación formal, firmada por el fiscal Omar Mejillones, contra los excomandantes del Ejército Jorge Mendieta, de la Armada Palmiro Jarjury y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros, y del exjefe de Estado Mayor Flavio Arce considera que esta cúpula castrense cometió presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

A las 15.45 del domingo 10 de noviembre de 2019, la cúpula castrense, encabezada por Kaliman, sugirió la renuncia del presidente Evo Morales, “tomando en cuenta la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

A las 15.00, el comandante de la Policía, Yuri Calderón, había hecho lo mismo. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales presente su renuncia”, afirmó.

Antes, desde el 7 de noviembre, los policías se habían amotinado, y los militares habían mostrado desobediencia a Morales, especialmente elementos de la Fuerza Aérea, que intentaron evitar el viaje del mandatario en el avión presidencial al Chapare.

Al contrario, había expresado su predisposición de someterse a Áñez. Al llegar al aeropuerto de El Alto, al mediodía del 11 de noviembre, la senadora fue recibida por un oficial militar, quien le hizo saber que tenía órdenes de llevarla al Colegio Militar, en Irpavi. Lo hizo en un helicóptero de la FAB.

Estaba dispuesta la “cápsula presidencial”. Con ese resguardo de seguridad Áñez llegó a las 14.30 a la Asamblea Legislativa, donde adelanto que iba a llamar a sesiones legislativa para la lectura de las renuncias de Morales y del vicepresidente Álvaro García, hecho que no sucedió.

Sin la cooperación del operativo que montó Calderón la senadora “no hubiese podido llegar a la sede de gobierno y a las instalaciones de la Asamblea Legislativa”, dice la imputación.

Áñez instaló el 12 de noviembre sendos actos en la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa, donde se proclamó primero titular del órgano camaral y luego presidenta del Estado, sin quorum ni presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). En la noche, en el Palacio de Gobierno, un oficial de la Casa Militar le impuso la banda presidencial. Ahora es la principal imputada en el caso Golpe de Estado II.

Las tareas que desarrollaron los militares imputados:

Flavio Gustavo Arce San Martín, exjefe del Estado Mayor

“Segundo en el nivel de decisión, avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta, sin competencia y fuera de la Asamblea Legislativa”.

Jorge Pastor Medieta Ferrufino, excomandante del Ejército

“Incumplió con el precepto constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un presidente electo constitucional y democráticamente elegido, que era a su vez su propio Capitán General”.

Jorge Gonzalo Terceros Lara, excomandante de la Fuera Aérea

“Ordenó el transporte (en aviones militares) de asambleístas afines a Jeanine Áñez para desarrollar la supuesta puesta en escena de las sesiones tanto en el Senado como en la Asamblea”.

Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, excomandante de la Fuerza Naval

Como los anteriores, “acompañó en la conferencia de prensa a William Kaliman donde éste último, haciendo eco a una decisión del Alto Mando, resuelve ‘sugerir’ al expresidente que renuncie”.