La ‘reparación integral’ a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata está en pleno proceso de construcción, especialmente en el tema económico, dejó entrever el representante de los marchistas David Inca en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Si bien es cierto que entre los 22 puntos de su pliego está el pedido de ayuda de Bs 10.000 para gastos de sepelio, otra de Bs 50.000 como nivelación de los grados de invalidez y un trabajo con un salario mínimo de Bs 5.000, el activista de derechos humanos precisó que todo esto se encuentra en proceso de análisis y diálogo.

Para el 5 de noviembre, que es cuando volverán a reunirse con las autoridades gubernamentales, se quedó en que el Gobierno presentará una propuesta de “ley de reparación integral”, en la que el asunto económico será uno de los aspectos centrales, aunque no el único.

Respecto de lo que se generalizó como una “renta vitalicia” de 5.000 bolivianos, Inca contó que en efecto entre los familiares se habló de esto: “En algún tiempo habíamos dicho ‘puede ser una renta vitalicia mínima, de un sueldo mínimo, lo que dispone la ley, pero que también (aumente) progresivamente, de acuerdo a lo que dice la ley’; pero no quieren (las autoridades de gobierno) entender eso; bueno, pues, buscaremos otras alternativas, en las cuales uno pueda ganarse la vida económica, pero que también nos den un apoyito, una ayuda, el Estado”.

En lo económico, apuntó Inca, el problema en general es la reposición de lo que la víctima perdió, de una u otra forma, a causa de la represión estatal de que fue objeto: por eso, pensar el reparar el salario perdido por el acoso de las autoridades de turno, la reposición de los bienes perdidos o maltratados, entre otras cosas.

En efecto se trata de un resarcimiento, reclamó Inca. En su criterio, en últimas cuentas hay una deuda social y política con las víctimas de la represión del gobierno de Jeanine Áñez: “Que nos dé una ayuda el Estado porque, lo tengo que decir aquí, y todas las víctimas les han dicho, gracias a los muertos, gracias a los heridos, gracias a los torturados, Luis Arce es presidente, David Choquehuanca es vicepresidente; el MAS es gobierno”.

“Entonces, no le estamos pidiendo un favor, les estamos diciendo que cumplan una obligación ética y moral a favor de los hermanos que han sufrido esa arremetida, por la que vidas han sido apagadas, hermanos heridos a bala y torturados, que no ha sido porque ellos alegremente han aceptado esa situación”, insistió.

Hay que recordar, como lo señaló en La Razón Radio el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, que a la fecha está en curso en la Asamblea Legislativa la elaboración de una ley de calificación de las víctimas de la represión, por la cual en lo fundamental se precisará el grado de afectación y la correspondiente proporción de la reparación.

Una muestra de que la reparación viene siendo un proceso dialogado es lo citado por Inca en en la transmisión digital de la directora de La Razón, Claudia Benavente: Él resume en tres los acuerdos o avances centrales de la prolongada reunión que tuvieron con autoridades de gobierno entre el martes y el miércoles, tras la llegada de la marcha.

“Primero el tema de justicia”, que se refiere a los procesos judiciales en curso contra los responsables de la represión. Segundo, que el Gobierno presentará un proyecto de ley de reparación integral, que tiene que estar en el marco, insisten los marchistas, del “capítulo 7 del informe del GIEI”, donde se define qué debe entender por reparación integral, “económica, social, laboral, educativa, de atención médica y de dignificación” de las víctimas y familiares.

Y, tercero, “con lo económico también, que nos van a presentar un decreto supremo por el cual van a dar créditos bancarios a un interés de 0,5%; no nos han dicho cuál va a ser el mínimo o máximo de préstamo; hemos pedido que los requisitos sean blandos; tiene que haber una facilidad de estos préstamos; y ahí evitamos de que nos digan ‘han pedido 5.000 bolivianos de renta vitalicia o de sueldo”, dijo Inca.

El martes, cuando llegó la marcha a La Paz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prado, y el vocero presidencial, Jorge Richter, se convirtieron en los interlocutores de la columna. Fueron asistidos por viceministros y directores de distintas carteras del Gobierno, en la reunión llevada a cabo en la sede de la Federación de Mineros.