En Santa Cruz, los gremiales liderados por Francisco Figueroa y en alianza con otros sectores decidieron ir al paro indefinido desde el 8 de noviembre en demanda de la anulación de la ley 1386 de estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas. Figueroa pidió apoyo a los cívicos.

“Se ha resuelto ir a un paro indefinido desde el lunes 8 de noviembre y pedir el apoyo de los comités cívicos también, que nos apoyen a todos los sectores a nivel nacional”, demandó tras la conclusión del ampliado en el que participaron, según Figueroa, dirigentes del transporte y médicos.

Si el Gobierno no atiende su demanda hasta el 7, al día siguiente empieza el paro indefinido. La administración de Luis Arce descartó atender esa demanda, porque no alcanza a los gremiales y tiene como objetivo coordinar las acciones contra el lavado de dinero.

Esta es la tercera acción de protesta. La primera fue un paro de 24 horas, al que se sumaron cívicos, expresidentes. Plataformas ciudadanas y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade), pese a que el Gobierno definió retirar del Legislativo el proyecto de ley de lucha contra las ganancias ilícitas que exigían sea anulado.

La medida se cumplió parcialmente con el argumento de que había otras demandas que el gobierno de Luis Arce debe atender.

Posteriormente se definió un paro de 48 horas que fue suspendido en puertas de su realización y se optó por movilizaciones en medio de una división de la dirigencia de los gremiales. De hecho, un grupo de gremiales firmó un acuerdo con el Gobierno y negó que las normas para luchar contra las ganancias ilícitas los alcancen.

Figueroa fijó su cuartel de operaciones en Santa Cruz y desde ahí anunció este jueves que desde el 8 cumplirán un paro indefinido hasta la anulación de la ley de estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas.

Desde el Gobierno, se negó en reiteradas ocasiones que estas normas vayan a afectar a los gremiales u a otros sectores, porque están dirigidas específicamente a detectar y combatir el lavado de dinero.

Figueroa demandó apoyo a los cívicos, quienes junto a expresidentes, políticos de oposición, plataformas y el Conade crearon un bloque de oposición cívica-política que expresó su apoyo a los gremiales y sumó demandas como la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, de “presos políticos” y renovación de la Justicia y la Fiscalía.