El  Gabinete está bajo la lupa de los movimientos sociales del MAS porque se acerca el primer año de gobierno de Luis Arce y todos quienes apoyan al partido oficialista se sienten con el derecho a reclamar un puesto de ministro.

Lo deseable sería que se haga una verdadera evaluación de los colaboradores del Presidente, pero siguiendo criterios técnicos y no así una evaluación en función a los intereses de tal o cual sector social.

En el pasado, las crisis políticas estaban marcadas por las tensiones entre los partidos que conformaban los pactos gubernamentales; pero, con la llegada del MAS al poder, las cosas han cambiado. Ya no hay tensiones con dos o tres socios políticos, sino con decenas de corporaciones que integran el denominado Instrumento por la Soberanía de los Pueblos.

Esta lógica, que ya lleva 15 años instalada en Bolivia,  obliga al Presidente a entregar los ministerios a líderes sociales o a personas avaladas por ellos que no siempre están a la altura del desafío planteado. Y, cuando el mandatario no escucha las exigencias se expone al riesgo de la ingobernabilidad en las calles.

En este juego de poderes, el que sale perdiendo es el país porque asuntos tan técnicos y de importancia nacional se someten al arbitrio de un determinado sector y no pocas veces caen en manos poco calificadas.

Según la Constitución, los ministros pueden ser fiscalizados por la Asamblea Legislativa que tiene entre sus atribuciones el voto de censura, pero en los hechos esta figura nunca se ha materializado en el gobierno del MAS porque la mayoría parlamentaria terminó siendo un instrumento más del Órgano Ejecutivo.

En esta evaluación (debería llamarse presión) que los sectores sociales ya han comenzado, saldrán a flote las tensiones internas del MAS, que han sido inocultables durante todo el primer año del gobierno de Arce. Los fieles colaboradores del expresidente Evo Morales no se resignan a ser relegados de la estructura de poder y, sindicatos mediante, ejercen presión para que Arce los tome en cuenta.

Más allá de esas ambiciones personales y sectoriales, lo cierto es que una buena parte del Gabinete debería estar en la cuerda floja por la pobre gestión desempeñada este año, en la que no hubo la reforma judicial anunciada, el MAS tuvo que retroceder con los cocaleros de Yungas y hasta retirar un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, las finanzas públicas están al borde del colapso, hubo casos de corrupción y tráfico de influencias, y hasta se produjeron torturas con muertos en celdas policiales.

De tal manera que el presidente Arce tendrá que hacer balances y equilibrios en los próximos días para no dejar descontentos a los sectores del MAS, al entorno de Morales y al país en su conjunto, que espera verdaderos servidores públicos en vez de operadores políticos o sindicales en el Gabinete.