Pese a que la Constitución y las leyes son claras sobre la forma en que deben ser elegidas las autoridades del Estado, el MAS prefiere que éstas sean interinas. Incluso, si la correlación de fuerzas está a su favor en la Asamblea, opta por las autoridades no titulares porque, de esa manera, se evita el debate público sobre los perfiles de los designados y, por otro lado, tiene autoridades maleables, cuya permanencia en el cargo únicamente depende del Presidente o del jefe del partido.

No es un problema menor, puesto que esta práctica desinstitucionaliza al Estado y, lo que es peor, somete a la ciudadanía a los caprichos del partido gobernante en temáticas que deberían tener un tratamiento más autónomo.

Hace algún tiempo, Página Siete publicó un informe en el que se estableció que en 15 empresas e instituciones del Estado hubo al menos 67 autoridades ejecutivas interinas desde 2006, lo que habla de una práctica sistemática.

Entre todos los interinatos,  el que más polémica causa es el de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien lleva en el cargo desde el 30 de enero de 2019, rompiendo el récord de los interinos que ocuparon ese cargo. La polémica se debe a que la Defensoría es la llamada a velar por los derechos humanos de las personas frente a los abusos del Estado, pero esa misión no está siendo cumplida adecuadamente porque la autoridad tiene afinidad con el partido gobernante.

Cruz fue designada en el cargo de forma interina el 30 de enero de 2019, luego de la renuncia de David Tezanos Pinto, un exfuncionario del Gobierno que no estuvo a la altura del cargo. Esto quiere decir que Cruz ya lleva dos años y ocho meses como interina.

El defensor o defensora del pueblo debe ser elegido por dos tercios de votos de los presentes en sesión de Asamblea Legislativa, pero el MAS no tiene esa cantidad de parlamentarios, por lo que se niega a ingresar a un proceso de concertación con la oposición para designar a una autoridad titular.

Además de este interinato, existen otros en el Banco Central de Bolivia (BCB), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Aduana Nacional, YPFB, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la empresa Quipus.

En la lógica de acaparar el poder, el MAS no está interesado en hacer nombramientos en la Asamblea Legislativa, por lo que la única arma que queda es la de la denuncia pública ante esta perversa estrategia que mina la institucionalidad del Estado en desmedro de los derechos ciudadanos.