Los trabajadores gremiales del país, que este viernes protagonizarán una cumbre nacional junto con otros sectores, anunciaron que la presión contra la llamada “Ley madre” se retomará tras la festividad de Todos Santos y otros sectores, como el que aglutina a las cooperativas, que preparan una propuesta para que esa normativa sea ajustada.

El principal dirigente de los trabajadores gremiales del país, Francisco Figueroa, informó tras una reunión con su sector que “las medidas para pedir la abrogación de esa ley se retomará el 4 de noviembre” luego de una coordinación con las federaciones departamentales de su sector.  

“Todos Santos es este fin de semana, vamos a hacer un cuarto intermedio en nuestra pelea”, remarcó el dirigente en referencia a esa normativa, la Ley 1386 que dio vida a la Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Por su lado, el vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, informó a EL DEBER que su organización presentará este martes una propuesta al Gobierno con el propósito de desactivar los conflictos sociales.

“Se trata de un artículo complementario en la ley 1386 que sirva de candado para que se precautelen los derechos”, indicó el dirigente.

Por su lado, el secretario ejecutivo de la Federación de Cooperativistas Mineros de Bolivia (Fencomin), Octavio Ramos, anunció que este jueves su sector realizará una asamblea de emergencia para asumir decisiones. “Todo depende de eso”, afirmó a los periodistas.

La organización se ha mostrado cercana al gobierno de Luis Arce y ha emitido señales de cautela frente al conflicto por esta normativa y el proyecto de ley 218, que precisaba acciones penales contra la legitimación de ganancias ilícitas y que tuvo que retirar el presidente Luis Arce.

Más temprano, gremialistas, junto a dirigentes del transporte pesado internacional, además de sindicatos de radiotaxis, se reunieron en Santa Cruz para analizar nuevas medidas de presión contra la Ley 1386 y convocaron a una cumbre nacional para el viernes 29 de octubre.

Figueroa confirmó su participación en esta reunión, pero insistió que las medidas de presión serán diferidas hasta la próxima semana.

Édgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, anticipó que este viernes buscarán consenso para llevar adelante un paro nacional. 

“Nos reuniremos para evaluar y determinar acciones a seguir. La propuesta de Santa Cruz es un paro nacional con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras”, enfatizó el dirigente.

“También hemos decidido apoyar a nuestros hermanos indígenas que han llegado marchando, apoyar al sector salud en la asignación de más ítems y que se restituya la ley de dos tercios en la Asamblea Legislativa para que no se cometan más abusos”, complementó.

En La Paz, el presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani, aseguró que el Gobierno y los legisladores están abiertos a dialogar con todos los sectores sociales y organizaciones para esclarecer las dudas que surjan respecto a la vigencia de esta ley.

“Siempre vamos a escuchar a nuestras organizaciones sociales, pero no a la derecha mentirosa que ha generado zozobra, caos, ha generado miedo entre nuestros hermanos, no podemos dialogar nada con ellos. ¿Qué podemos esperar de quienes quieren frenar la recuperación del país”, apostilló la autoridad legislativa.

La Ley 1386, también conocida como “Ley madre”, dio vida a la Estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas que contiene un “plan de trabajo” que proyecta ajustes en el Código Penal y otras normativas para “fortalecer” las acciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

En La Paz, el Comité Cívico paceño celebró una reunión con varios sectores ciudadanos y anunció respaldo a las movilizaciones contra esta normativa.

“No podemos permitir que esta ley abra paso, no solo a la persecución política, sino a otra cantidad de leyes que van afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Existen las leyes necesarias para enfrentar el narcotráfico y estamos fracasando; tenemos leyes contra el contrabando y los autos chutos siguen llegando. Se requieren instituciones creíbles para enfrentar los delitos internacionales”, aseguró Hugo Sandoval, vocero del organismo cívico. 

Ante la presión social de varios sectores, incluso de aquellos afines al MAS, el presidente Luis Arce tuvo que retirar del Senado el proyecto de ley 218, una norma que proyectaba mayores atribuciones a la UIF y ajustes normativos para el control de flujos financieros.

“No están siendo serios. Estos sectores que anuncian movilizaciones están especulando y recordemos que cuando el MAS llegó al poder, dijeron que les iban a quitar la casa a quienes tenían más de una propiedad. Eso nunca pasó, pero les metieron miedo. Eso está pasando”, afirmó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.