La movilización de los sectores que demandan la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo de a poco se debilita y el Gobierno convoca a analizar los artículos del documento e iniciar su reglamentación. Descartan su abrogación.

La pasada semana, gremiales, maestros, médicos y cívicos, entre otros, llevaron adelante marchas y bloqueos, además de un paro cívico para exigir y dejar sin efecto esa normativa que consideran pone en riesgo los bienes de la ciudadanía y vulnera la Constitución.

Los gremiales, uno de los sectores fuertes que pide la abrogación, declaró cuarto intermedio a sus medidas de presión, hasta una próxima asamblea, oportunidad en que definirán medidas de presión.

En tanto, el representante del Comité Cívico de La Paz, Hugo Sandoval, rechazó la reglamentación a la Ley 1386, que viene trabajando el Legislativo con el Ejecutivo, y anunció marchas en la sede de gobierno para exigir la abrogación de la norma vigente.

“Nuestra relación con los ciudadanos de todo el país y los ciudadanos paceños, en específico, nos ha ordenado que empecemos a organizar la cantidad de movilizaciones necesarias para pedir la abrogación de la Ley 1386 y el rechazo a su reglamentación”, dijo.

En tanto, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco invitó a los diferentes sectores movilizados a asistir al Ministerio de Economía para revisar los artículos y participar del proceso de reglamentación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo N ° 1386, que ya está en vigencia y ratifica que no será abrogada.

“Ya es un caso cerrado, la ley está vigente, más bien convocamos a los diferentes sectores movilizados a profundizar y entender mejor Ley 1386 que aún está en etapa de reglamentación, y si quien aportar puede hacerlo”, dijo Velasco.

Explicó que la normativa es parte de las políticas de Estado y en cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Entonces, justamente son varias recomendaciones que tenemos del GAFI y como Estado boliviano somos responsables de cumplir en temas de prevención y hacer cumplir las 40 recomendaciones y la normativa como está promulgada”, indicó.

Manifestó que el fracaso de las recientes convocatorias a paro y movilizaciones, impulsadas por sectores políticos de oposición, reflejan la conciencia de la población, que entendió que la norma no afecta a ningún sector.

“El día jueves que han convocado a la marcha no hubo respuesta, porque el pueblo ha entendido perfectamente que no les afecta a los sectores mencionados, la oposición estaba tergiversando de nuevo y sigue tergiversando, pero el pueblo boliviano ha entendido mejor”, dijo.

Piden dialogar con todos los sectores

El senador Rodrigo Paz Pereira, por Comunidad Ciudadana (CC), refirió que el diálogo al que llamó el Gobierno sobre la ley 1386 que no incluya todos los actores será un fracaso. Agregó que el MAS debe de entender que toda la población está reclamando en contra de esta ley y no es solamente un partido político o un sector.

Calificó esta normativa de peligrosa y persecutoria para todos los bolivianos, que da superpoderes a la Unidad de Investigaciones Financieros (UIF) para que pueda tomar decisiones sobre cualquier reclamo o búsqueda de protección que hay ante la ley, puesto que ellos tendrán la última palabra para congelar e intervenir cuentas sin que un juez haga la autorización.