La Constitución Política del Estado determina en el Artículo 196. I que “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. Por su parte el Articulo 208.I expresa que “El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados”.

El Tribunal Constitucional avaló la sucesión presidencial a Jeanine Añez, según el magistrado Hurtado en 2019, en el marco de la sentencia Constitucional 003/21 del 31 julio de 2001, cuando el 10 de noviembre, presionado por las movilizaciones del soberano, Evo Morales renuncia a la Presidencia, luego de conocer el informe preliminar de la Auditoría de la OEA, organismo que detectó irregularidades en las elecciones de octubre de 2019. Le siguieron en la retirada el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de Diputados, Víctor Borda y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli, lo que produjo vacío de poder, y hubo zozobra por las quemas de oficinas públicas, saqueos e incluso quema de propiedad privada.

La renuncia de Morales se debe a que durante 21 días hubo marchas pacíficas que aglutinaron a todas las organizaciones civiles, exigiendo que deje el poder. Fue una fuerza moral que obligó a Morales a dejar la presidencia por el megafraude realizado y, al verse descubierto, huyó, dejando un vacío de poder. Ante ese hecho, Jeanine Añez asume la administración del Estado y ahora está presa por más de 6 meses, acusada sin pruebas.

El servidor público Wilfredo Chávez, utilizando su puesto de Procurador del Estado, sin tomar en cuenta el mandato constitucional, se atribuye competencias y atribuciones que no le corresponden y con el autoritarismo que le caracteriza, “realiza el conteo de actas” de las cuestionadas elecciones de 2019 con sus estudiantes. Con qué presupuesto realizó ese conteo y pagó a los alumnos (se dice para dar nota), porque está utilizando recursos de todos los bolivianos. Y además manda una carta al TSE solicitando que le remitan las actas faltantes en 24 horas. Por otra parte, amenazan de muerte a un caricaturista, mientras en Tarija aparece un bufón masista que declara que está dispuesto a matar.

Desde la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, cansado de ser utilizado con fines de política interna de Bolivia, rechazó una invitación del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, que acusó a Luis Almagro de ser uno de los principales autores de la versión del “fraude”. La OEA le responde que NO asistirá a su conversatorio porque el megafraude de las elecciones de 2019 no se toca, es CASO CERRADO. Sin embargo, en la sede de la OEA, el gobierno del MAS realizó otro intento para tratar de borrar el fraude de 2019, detectado por una auditoría de la OEA. Sin embargo, Héctor Arce Zaconeta en su calidad de embajador llevó a cabo un conversatorio, con sus allegados de Argentina y México, sin la presentación de algún informe, solo con análisis, con el uso arbitrario de nuestros recursos, haciendo el papel de embajador del MAS.

Exigimos al gobierno poner punto final a su narrativa acerca de que no hubo fraude, porque nos está haciendo perder credibilidad como Estado boliviano, no solo a nivel nacional, sino internacional, ante la OEA y la Unión europea que acusan de golpista al pasado gobierno de 14 años. Por todo ello el gobierno del MAS es el hazmerreír de la comunidad internacional. Muchos dicen que las elecciones de 2020 deben ser anuladas, entonces el gobierno de Arce sería inconstitucional y habría que para llamar a Morales. También afirman que la señora Añez fue gobernante inconstitucional, pero las leyes que ella aprobó, según el ministro de Justicia, Iván Lima, son constitucionales. Por estas contradicciones, están haciendo el ridículo más grande de la historia de Bolivia y desgastando al gobierno de Luis Arce.