En su séptimo día de marcha, los familiares y víctimas de Senkata y Sacaba arribaron a la ciudad de El Alto y tienen previsto descender a la sede de Gobierno en las próximas horas. Los protestantes tienen programado reunirse con autoridades del Gobierno para presentarles un pliego petitorio en el que solicitan justicia por los fallecidos en 2019. 

"Ayer nos ha visitado el viceministro de Seguridad Ciudadana, nos ha hecho llegar el saludo del señor presidente (Luis Arce) y (nos avisó) que sí nos van a aceptar y vamos a trabajar el pliego de 22 puntos que tenemos", dijo uno de los marchistas a RTP. 

"Vamos a dialogar con las autoridades y vamos a intentar llegar a un consenso. (...) Si no hay una respuesta clara y concreta sobre el pliego que hemos presentado, ayer se le ha manifestado al viceministro que todos los marchistas se declaran en huelga de hambre porque lo que se quiere son resultados y ya no promesas". 

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La columna de al menos 50 personas inició su recorrido el pasado 19 de octubre en Caracollo (Oruro) y planea llegar a la Casa Grande del Pueblo pasado el mediodía. A su paso por la planta de Senkata, este lunes, rindieron homenaje a los muertos y elevaron una oración. 

Entre el 15 y 19 de noviembre de 2019 al menos  27 personas murieron en la represión policial y militar en Senkata y Sacaba. En agosto de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos ese año y concluyó que hubo una vulneración a los derechos humanos y “masacres”.

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Entre los puntos del pliego petitorio consta la entrega de las cinco ayudas sociales humanitarias para todas las víctimas y familiares de los fallecidos; además de seguro médico único y especial, becas universitarias, puestos laborales con ítem de inamovilidad y ayuda de subsidios de alimentos para los mismos. 

También se solicita al fiscal general que inicie el juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina Jeanine Añez y los procesos correspondientes contra los altos cargos militares, policiales y los ministros que firmaron el decreto supremo 4078.