Los sectores que se oponen a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo todavía están en cuarto intermedio y desde hoy evaluarán las medidas que asumirán desde mañana. Los cooperativistas tienen el panorama más claro: presentarán un proyecto de norma que podría remplazar a la ley cuestionada y en caso de que no sea aprobado asumirán bloqueos de carreteras. Mientras, el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) no ceden e insisten con el diálogo.

Francisco Figueroa es el ejecutivo de la Confederación de Gremialistas de Bolivia. El dirigente dijo que su sector está en cuarto intermedio y que desde hoy iniciarán la evaluación para asumir nuevas medidas. Una opción es el bloqueo de carreteras a escala nacional. Figueroa dijo que cada federación decidirá las acciones.

“Se tuvo una nueva reunión el pasado viernes con los sectores y mañana (hoy) se estará tomando nuevas decisiones, pero de entrada le digo que la decisión principal es seguir hacia adelante hasta que el Gobierno derogue la Ley 1386”, aseguró Figueroa.

En esa misma línea están las federaciones regionales de los comerciantes. Antonio Siñani, que representan al sector gremialista de El Alto, detalló que “no se bajará los brazos” hasta que el Gobierno abrogue la normativa en cuestión. El dirigente dijo que está en planes una marcha para “martes o miércoles” y que esa decisión se deberá consensuar.

“Mañana (hoy) veremos las medidas que asumiremos. Escuchamos que el Gobierno no quiere abrogar la Ley 1386 y eso nos obliga a seguir con las medidas de presión”, afirmó Siñani.

Mientras, Édgar Álvarez, dirigente gremial del departamento de Santa Cruz, sostuvo que no se descarta la aprobación de cualquier medida de presión, aunque aseguró que se respetará la decisión que asuma la mayoría de los sectores laborales.

“Hasta mañana (hoy) estamos en un cuarto intermedio, digamos, ya tuvimos reuniones con los sectores y la intención es seguir con las medidas”, afirmó Álvarez.

Los gremialistas realizaron hace dos semanas un paro nacional que tuvo éxito en Santa Cruz y en otras regiones hubo algunos bloqueos. Luego, el Gobierno decidió suspender el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias.

Más medidas

Ahora, la presión se da por la Ley 1386, que es considerada la “ley madre” y que afecta a los informales, según la denuncia de los comerciantes. El pasado jueves hubo marchas en cinco regiones un paro en Potosí, que no fue acatado por muchas organizaciones.

El siguiente paso sería el bloqueo de carreteras, según los dirigentes gremiales. Figueroa afirmó que están en coordinación con el sector del transporte pesado para concretar las siguientes medidas.

Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), según su vicepresidente, Braulio Arguedas, elaboró un proyecto de ley que puede sustituir a la Ley 1386. Esta iniciativa será presentada mañana en La Paz.

“Tuvimos una reunión la semana pasada para afinar nuestra propuesta. El Gobierno nos cree incapaz de elaborar un proyecto de ley que pueda sustituir a esa ley (1386), pues lo haremos y en caso de que no sea recibida por la Asamblea Legislativa Plurinacional tomaremos decisiones lamentables, que son medidas de presión”, afirmó Arguedas.

Los cooperativistas analizan el bloqueo de rutas a nivel nacional como una medida de presión. Los cooperativistas mineros de Potosí se desmarcaron y anunciaron que irán al diálogo con el Gobierno.

Manuel Morales, dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), adelantó que hoy se desarrollarán reuniones para asumir medidas de presión contra la ley cuestionada. “Hicimos 11 observaciones a la Ley 1386 y no tuvimos ninguna respuesta. Seguiremos en las calles de manera pacífica, dijo.

El Gobierno no cede ante las medidas de presión y busca el diálogo para consensuar la reglamentación de la Ley 1386. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el diálogo sigue abierto y aseguró que esta normativa no afecta a los sectores que están en apronte. “(Se puede reglamentar la ley) en coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas”, sostuvo.