Hace un año que tuvieron una ilusión quienes votaron por el binomio Arce Catacora y Choquehuanca. Quienes depositaron sus votos en las urnas favoreciendo la fórmula masista, que no fueron pocos, tuvieron el convencimiento que no solamente la economía encontraría un reflote y perspectivas de mejoramiento futuro, sino que cesaría el malgasto y el festín, con dineros públicos, que el gobierno anterior, con  14 de duración había impreso como forma habitual a su gestión. Tuvieron el convencimiento que el retorno a la normalidad democrática supondría respeto a la ley, confiaron que el órgano encargado de impartir justicia sería solvente, independiente e integrado por funcionarios dignos e idóneos. Se supuso, dadas las tristes experiencias del pasado, que la soberanía nacional, como atributo de un pueblo en su conjunto, no sería subastado a intereses de ilusorios paraísos perdidos y que las consignas retrógradas que nos distanciaban del concierto internacional de naciones ya no iban a ser blandidas. Luego del gran fracaso iniciado en la Haya, se tuvo la esperanza de seguir mellando la dignidad nacional. Quienes favorecieron con su voto a tales candidatos y los que no lo hicieron, creyeron firmemente en la convocatoria de conciliación y acercamiento entre bolivianos, dejando a un lado la cizaña del enfrentamiento.

Nada de eso sucedió. El engaño y la mentira son enarboladas nuevamente. Se esgrime como razón de gobierno la inexistencia del fraude electoral realizado para perpetuarse en el poder por el gobierno que anuló dichas elecciones y luego huyó sollozando. Se esgrime que el gobierno provisional era consecuencia de un golpe de Estado, cuando el reconocimiento de su legalidad se halla respaldado por la propia Constitución Política del Estado y un sinfín de pruebas y evidencias. Se proclama la vigencia de derechos, mientras se convoca a dar muerte a los opositores. De la justicia que olvida su misión para convertirse en sumisión, ni hablar.

Se predica libre empresa, productividad, trabajo creador y se atenta contra la sociedad civil con normas que imponen totalitarismos económicos y financieros.