Luego de caminar 144 kilómetros, víctimas y familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata llegaron a la ciudad de El Alto, donde decidieron tomar su último descanso para ingresar hoy a la sede de gobierno. El pliego petitorio, que contiene 22 demandas, tiene un común denominador: exigir justicia por los hechos de 2019.

Muchos medios, cuya tendencia política es evidente, al margen de una cobertura de oficina, no visualizan esta movilización, como sí lo hicieron con otras como la de marchistas afines a Fernando Camacho, que llegaron el mes pasado a Santa Cruz.

Hoy que el pedido es exigir procesos a todos los involucrados en 2019 por la firma del Decreto Supremo 4078, el cual fue el responsable de la muerte de 38 personas, según informe del GIEI, el silencio mediático es notorio, pues esta postura no es de interés de la oposición política.

El directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), a Amparo Carvajal, Creemos, Comunidad Ciudadana y a la jerarquía de la Iglesia Católica por encubrir a los autores que firmaron este decreto.

Piden que se cumplan las recomendaciones del GIEI, que plantea investigar los hechos que terminaron con la vida de 38 personas y el golpe de Estado en contra del entonces presidente Evo Morales.

La exigencia de justicia se suma a la demanda de dar con quienes autorizaron el uso de la fuerza en contra de la población que por entonces exigía el retorno a la democracia y que se respete la decisión de la mayoría de los bolivianos en las urnas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019. El documento concluye que el 15 de noviembre de ese año en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Añez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

Al margen de los medios estatales, pocos periódicos, radioemisoras o canales privados fueron al lugar para transmitir la marcha. Estos medios han demostrado una vez más que tienen una agenda política en sus noticias, hecho que fue señalado por los propios marchistas.

Gran parte de esta red informativa, manejada por oligarquías, trata de minimizar eventos como éste. No les interesa el asesinato de 38 personas ni el sufrimiento de sus familiares, pesa más la protección a los golpistas. El Gobierno, al igual que lo hizo con la marcha del oriente, comprometió diálogo, garantizó atención médica y otorgó alimentación, pero estos hechos, como siempre, quedaron invisibilizados para la mayoría de los medios privados.

Queda esperar la conclusión, luego de que el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, anunció que estas demandas son atendidas a partir de tres ejes relacionados a la reforma judicial, los censos de procesos y de víctimas, y el pedido de ampliación de investigaciones.