La Procuraduría General (PGE) del Estado fue creada por ley, en diciembre de 2010, como “una institución de representación jurídica pública”, con la finalidad de “promover, defender y precautelar los intereses del Estado”. A once años de su creación, ¿alguien puede afirmar que está cumpliendo su misión o que va por buen camino? La interrogante está planteada no solo a propósito del rol que ha decidido dar a su gestión el actual procurador general, más propio de una militancia partidaria que el de una autoridad autónoma e independiente, sino también frente a lo hecho por sus antecesores.

Una interrogante que cobra más fuerza si consideramos las respuestas dadas por el actual procurador general Wilfredo Chávez a la petición de informe escrito hecha en agosto del presente año por el diputado Marcelo Pedraza (CC), para conocer todos los detalles de los procesos arbitrales, tanto nacionales como internacionales, en los cuales la PGE actuó defendiendo los intereses del Estado. Respuestas que se resumen en un dato revelador: a la fecha, los procesos suman once, de los cuales uno aún está pendiente y los otros diez ya fueron procesados, todos estos perdidos por el Estado boliviano.

Estos procesos están relacionados a demandas planteadas en contra del Estado boliviano por las empresas que resultaron afectadas por la llamada nacionalización de las estatales que habían sido capitalizadas en 1994 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; un proceso impulsado en el primer gobierno de Evo Morales, al que Pedraza califica hoy más como una expropiación que como una nacionalización, dado los detalles analizados en cada uno de los casos. Un proceso que, además, solo considerando estas once demandas, han representado a Bolivia un daño económico de 609,2 millones de dólares.

Un daño económico que pagará Bolivia, los bolivianos, sin lograr identificar antes a todos los responsables del mismo. Una lista de la que difícilmente podrán borrarse, entre otros nombres, los de los funcionarios o autoridades de turno de la PGE que no supieron o no pudieron cumplir con su principal tarea: la defensa de los intereses del Estado. Los datos expuestos por el procurador en la respuesta a la petición de informe escrita formulada por Pedraza plantean esas y otras dudas, como las razones que llevaron a la PGE a contratar servicios externos para el copatrocinio en todos los casos y, aun así, perder los diez que ya llegaron a etapa final.

En el análisis en detalle de las repuestas del procurador general surgen más interrogantes, como las que plantean al menos siete de los once procesos, todos ellos sin arbitraje final, ya que hubo previa conciliación entre partes. Pero una conciliación en la que no queda en claro el valor fijado por la parte demandante y en la que el Estado boliviano termina pagando una cifra establecida por decreto supremo, sin que éste tampoco aclare en base a qué parámetros se fijó la misma. Por citar uno: el caso de Iberdrola S.A. e Iberdrola Energía S.A.U., a la que Bolivia pagó 34,2 millones de dólares, pero no se sabe en base a qué valor o parámetro previamente establecido, como debería ser.

Otro es el caso Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. (NMM), cuyo origen está en 2004, en el gobierno de Carlos Mesa, cuando por decreto se anulan las concesiones mineras que NMM tenía en el Salar de Uyuni. Esa medida dio inicio a una serie de acciones y litigios que derivaron en una demanda internacional contra el Estado boliviano, marcada por una serie de entuertos que no es posible detallar aquí, pero que terminó favoreciendo con 42,6 millones de dólares a una empresa que no había invertido siquiera un millón de dólares en el país. Una serie de entuertos aún no aclarados debidamente por la PGE.

Con tanto para encarar y resolver, solo tomando en cuenta los once casos aquí expuestos, ¿por qué la Procuraduría persiste en diseñar otra hoja de ruta que la aleja de su principal misión, que no es otra que la de proteger y defender los intereses del Estado?