El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) instrumentaliza la justicia para beneficio propio. Una muestra de ello es la abrogación del Decreto Presidencial 4461, diseñado para favorecer a militantes del MAS involucrados en los hechos violentos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019 tras las fallidas elecciones. A la llegada del partido azul al poder, varios integrantes con procesos salieron sobreseidos y libres, sostienen asambleístas, analistas y abogados.

La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo en Bolivia. Durante la larga administración de Evo Morales, el sistema de justicia ha estado sometido al poder, impulsó varios procesos contra sus ocasionales rivales políticos

“El Gobierno afirma que el DP 4461 no benefició a ninguna persona perseguida por razones políticas y que desde su aplicación, el 18 de febrero de 2021 al 20 de octubre de 2021, 709 privados y privadas de libertad fueron beneficiados por razones humanitarias, pero ¿que pasó con todos los procesos que se abrieron contra dirigentes y exautoridades del MAS? No hay ninguna persona que esté detenida por la violencia contra la ciudadanía, ataques a domicilios, entre otros”, se preguntan asambleístas nacionales.

Analistas, por otra parte, consideran que el decreto de amnistía e indulto cumplió su objetivo de distraer la atención de los procesos y posibilitar que varios sindicados salgan libres, además de lograr que estas personas ya no puedan ser acusadas nuevamente por delitos en que habrían incurrido.

“Lamentablemente, los responsables de los hechos delincuenciales de 2019, la agresión a ciudadanos, el cerco a las ciudades, el bloqueo de ingreso de oxígeno van a quedar en la impunidad, porque el MAS que tiene cooptada a la justicia se ha encargado de que no se castigue a los responsables; por el contrario, activó la persecución política contra exautoridades del gobierno transitorio, dirigentes cívicos y otros”, señalan abogados y analistas.

Agregaron que la justicia es servil a un partido político, que desde que ganó las elecciones el 18 de octubre de 2020, se emitieron decisiones judiciales favorables a exautoridades o dirigentes del MAS.

Beneficiados

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos señaló que, antes de la aprobación del DP 4461, la justicia empezó a accionar para favorecer a diferentes dirigentes y actuales autoridades nacionales.

“Lo que ha hecho el masismo es generar ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Es decir, si yo soy del MAS puedo quedar impune, no pasa absolutamente nada, y si yo no soy del MAS hay que tener la seguridad de que mañana me van a perseguir sin importar mis derechos”, sostuvo.

Agregó que no le cabe duda de que la justicia le responde al MAS, partido que maneja y promueve la impunidad, al evitar sanciones a responsables de hechos delictivos.

De acuerdo a datos oficiales, luego de que el Gobierno transitorio planteó demandas penales contra exautoridades y dirigentes del partido azul, no prosperaron durante meses, pero una vez el MAS vuelve al poder, los procesos se van cerrando e incluso algunos llegan a ser autoridades.

Muestra de ello es que, el 4 de noviembre de 2020, la justicia levantó el arresto domiciliario del exasambleísta departamental de La Paz Gustavo Torrico, acusado por terrorismo, sedición, instigación pública a delinquir.

La Fiscalía abrió una investigación contra Torrico debido a las polémicas declaraciones que hizo en un medio de comunicación en que cuestionó a las madres si estaban dispuestas a sacrificar a sus hijos en las movilizaciones contra el MAS, tras las elecciones irregulares de 2019.

Ante las sindicaciones Torrico, que maneja al grupo de los Satuccos, cuestionó el papel de la Fiscalía, al sostener en noviembre de 2019 que “el Ministerio Público es un club de bufones que saltan cuando se sienta el rey, no importa de qué color sea el rey, el rey se sienta y ellos empiezan a saltar a su alrededor, es una vergüenza”.

En diciembre de 2020, la Fiscalía retiró la acusación formal que había presentado contra el entonces asambleísta departamental por no existir, presuntamente, fundamento para la imputación por los tipos penales que se le atribuyeron.

Otras denuncias

En octubre y noviembre de 2019, la justicia también anuló las órdenes de aprehensión del expresidente Evo Morales, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Javier Zavaleta.

El expresidente Morales tenía una serie de denuncias por presuntos delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir, fraude y sedición, mismas que no prosperaron.

También se activó una orden de aprehensión y aplicación del sello rojo, pero de igual forma sólo se constituyeron en meros enunciados.

“Estos procesos instaurados contra Morales y sus exministros no avanzaron porque la justicia está en manos del MAS, además que ésta se acomoda al color político de turno”, refiere la politóloga Patricia Velasco.

Las denuncias por sedición, terrorismo y fraude contra los exministros Alanoca, Zavaleta, Quintana y Arce, que se refugiaron en la residencia de México, no llegaron a ningún puerto por la dilación en la justicia.

Por otra parte, se debe mencionar a Faustino Yucra, imputado por terrorismo junto a Morales, por la intención de cercar a las ciudades, luego de ser detenido después de intensa búsqueda, fue liberado.

El exdirigente de la Fejuve de La Paz Jesús Vera, acusado por la quema de los buses PumaKatari y la casa del exdefensor Waldo Albarracín, durante los conflictos poselectorales, estuvo tres meses en la cárcel y luego con detención domiciliaria hasta que fue liberado de culpa.

La justicia también rechazó las querellas contra los dirigentes Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, ahora senadores, y contra los líderes de la COB, por los bloqueos de agosto de 2020 y por no permitir el ingreso de oxígeno a las ciudades.

“Este DP abrogado tenía la tarea de garantizar que las exautoridades y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) no sean procesadas, perseguidas u otros, estuvo vigente entre siete y ocho meses, que benefició a los que retornaron al país después de huir”, señala el penalista Ramiro Cárdenas.

Refirió que el DP 4461, en beneficio de amnistía, está dirigido a las “personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno de Áñez, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

El decreto

El Decreto 4461, de concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, fue emitido en enero de 2021 e incluía entre sus beneficiarios a personas procesadas durante el gobierno de Áñez.

Establecía que, además de privados de libertad que debían cumplir ciertos requisitos, se otorgaba amnistía e indulto a personas procesadas por el “Gobierno de facto”, que es como el MAS nombra al periodo de Áñez como presidenta.

LOS DENUNCIADOS NO PODRÁN SER JUZGADOS

REDACCION CENTRAL

Las exautoridades y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fueron sobreseídas o liberadas por determinados cargos no podrán ser juzgadas por los mismos delitos, por lo tanto, el oficialismo se aseguró de aquello a través del Decreto Presidencial 4461, señaló el constitucionalista Paul Antonio Coca.

“En febrero entra en vigencia, significa que entro a beneficiar a los seguidores del MAS, porque solamente los seguidores del MAS eran los perseguidos por el Gobierno de Jeanine Áñez a través de la persecución judicial, por los destrozos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, caso bombas molotov, Puma Katari y otros tantos, cuyos casos estaban ya en la Fiscalía”, dijo.

Agregó que, “aprovechándose, el MAS saca este decreto para beneficiar a todas las personas afines al MAS”.

Recuerda que el GIEI cuestiona que salga un decreto solamente dirigido a un sector.

“Entonces, el Gobierno sale ganando. Cuando se deja sin efecto esta normativa, ¿qué significa? No es el efecto que ha causado, en material penal hay una figura ‘ne biks in idem’ nadie puede ser perseguido, procesado, juzgado dos veces por un mismo hecho; si ya estaban los procesos investigativos, ya estaban sanciones penales, mandamientos de aprehensión, resulta que aparece esta normativa para perdonarles y amnistiarlos”, cuestiona, al sostener que no es el Gobierno el que debe informar sobre si se aplicó o no para los casos políticos, sino la Fiscalía.

OTROS BENEFICIADOS

Entre los beneficiados por este proceso de liberación de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se puede mencionar al sargento de Policía Ismael Marquina, que fue acusado de vender armamento a los manifestantes afines al MAS y se rehusó a amotinarse en 2019.

Fue nombrado inspector de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

El exviceministro Guido Melgar presentó una demanda penal contra Juan Lanchipa, fiscal general, por los delitos de uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo, en los que habría incurrido para acceder a ese cargo en 2018.

La Justicia rechazó el juicio penal .

Facundo Molares, exguerrillero de las FARC, fue beneficiado con detención domiciliaria. Estaba acusado de participar en los hechos de violencia en Montero, que provocaron la muerte de dos personas.

HUMAN RIGHTS WATCH

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, celebró la abrogación del Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

“Bolivia: Celebro la derogación del decreto de amnistía de febrero. Al igual que luego hizo el GIEI Bolivia, HRW alertó que la norma permitía la impunidad por delitos graves y abusos. Bolivia necesita una justicia efectiva e independiente, no amnistías”, señaló Vivanco a través de su cuenta de Twitter.

Uno de los puntos del artículo 5 de la cuestionada norma establecía que se concede el beneficio de amnistía a las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

INICIO DE PROCESO AL PRESIDENTE ARCE

El diputado de CC Juan José Torres exigió a la Fiscalía que inicie de oficio una demanda en contra del presidente Luis Arce por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), por haber aprobado un decreto presidencial de amnistía inconstitucional que beneficiaba a su militancia. Agregó que las autoridades promovieron una norma “ilegal”.