Pasaron dos semanas de protestas en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Las movilizaciones comenzaron con un paro cívico nacional de 24 horas y los pasados jueves y viernes se cumplió otro, en Potosí, de 48.

Decir que las protestas fueron contundentes sería mentir. La verdad es que, polarizado como está el país, cualquier manifestación de descontento se limita a las ciudades capitales, y no necesariamente a todas. Así, el paro de 48 horas se cumplió en Potosí y, a la par, hubo movilizaciones callejeras de trabajadores gremiales, transportistas y cooperativistas.

Fue casi un deja vu de lo que pasó hace pocos días hasta que los manifestantes consiguieron que el Gobierno retire del Senado el tratamiento de otra ley, con nombre prácticamente idéntico. Ahora, las medidas de presión se concentran en esos sectores —varios de los cuales reúnen a una numerosa población en todas las regiones del país—, sin la participación de los cívicos, según aclararon, para evitar que el Gobierno califique la medida de política o que la atribuya a “la derecha”, como suele ocurrir.

Sin embargo, en el discurso político, el oficialismo prefiere continuar llamando a estas movilizaciones como una protesta de la derecha y supuestamente destinada a desestabilizar al Gobierno. Y es que eso tiene su razón de ser: al Gobierno le cuesta reconocer, al menos públicamente, que gremialistas y transportistas hoy movilizados en su contra son, en realidad, parte de su electorado fiel en los procesos electorales y que, si están en contra de la ley, ven amenazados su patrimonio y sus derechos ciudadanos.

Las medidas se cumplen después de una corta espera de 72 horas que, a manera de plazo, dieron los gremialistas a las autoridades nacionales para que se derogue la polémica norma, que —dicho sea de paso— en el proceso de aprobación pasó casi inadvertida. Fue el tratamiento de la otra ley —la complementaria— lo que abrió los ojos de estos sectores acerca de los riesgos que entrañaba por lo que se había redactado en varios de sus artículos.

En el caso de la Ley 1386, se cuestiona uno que abre la posibilidad de hacer ajustes a la misma ley mediante un simple decreto. Igualmente, se rechazan las generosas atribuciones que otorga la Ley a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y al Consejo del Órgano Ejecutivo para requerir información de personas, empresas e instituciones, sin pasar por una orden judicial, como ocurría antes.

Considerando el manejo político que podrían hacer los integrantes de ese consejo ministerial y la propia UIF, controlada por el Gobierno, se teme que la medida sea utilizada con fines de persecución política y abusos arbitrarios que podrían derivar en extorsiones y corrupción.

La norma también faculta al Consejo del Ejecutivo a aprobar planes de acción que encargan a la UIF la realización de investigaciones de oficio, sin la necesidad de establecer un registro de operaciones sospechosas o a pedido de la autoridad competente.

Además, se prevé la modificación del Código de Procedimiento Penal para fortalecer las atribuciones de la UIF, y se proyecta la interceptación de llamadas telefónicas para la escucha de conversaciones de personas e instituciones investigadas.

Se trata, en resumen, de una ley que vulnera nuevamente las garantías constitucionales de las personas y empresas, y que otorga un poder descomunal a la UIF, y que genera desconfianza precisamente porque en manos de un gobierno (este o cualquier otro) puede resultar una amenaza a la propiedad y los derechos ciudadanos.

Hay un fuerte rechazo que se ha traducido en el cumplimiento de los paros y movilizaciones convocados en las últimas dos semanas. Resta ver si los sectores que sostienen estas manifestaciones serán consecuentes y se mantendrán firmes hasta conseguir que se derogue la denominada “ley madre”, lo que significaría que el Gobierno tampoco la pasaría bien la última semana del mes, antes de la llegada de la fiesta de Todos los Santos que será, previsiblemente, como un bálsamo para el oficialismo y un paréntesis de la política que asfixia para el país.