Potosí volvió a parar este viernes, mientras los sectores gremiales alistan nuevas movilizaciones para la próxima semana con el fin de volver a exigir la abrogación de la Ley 1386. Sin embargo, el Gobierno ha descartado esa posibilidad y, por el contrario, convocó a un diálogo a los sectores en conflicto para explicar la norma y anunció que con los mismos actores se trabajará en la reglamentación.

En la mañana, el Ministerio de Economía, mediante un comunicado, volvió a ratificar que “la Ley N° 1386 Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo tiene el objetivo de prevenir y luchar contra ese ilícito que podría generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia”.

Luego aseguró que “esta normativa no afecta a los transportistas, pequeños comerciales ni al sector gremial, como lo expresaron algunos representantes de organizaciones sociales, políticos de oposición, al contrario, esta Ley es preventiva”.

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En ese contexto, Economía anunció que la ley “será reglamentada en coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia, es decir se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras, para la ejecución de la citada norma”.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó esa premisa y anunció este viernes que el Gobierno central está abierto al diálogo para escuchar y explicar el alcance de la citada ley con todos sectores sociales que así lo quieran.

El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, consideró que un diálogo que no incluya a todos los actores será “un fracaso”.

Aseguró que el reclamo no es solamente de un partido político o un sector, sino de varios actores que ven afectados sus derechos.

Matkovic, calificó la norma como una Ley peligrosa y persecutoria contra todos los bolivianos, que supuestamente “desmedidos poderes” la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).