Ajenos a las movilizaciones en Potosí y mientras los gremiales anuncian más protestas para la próxima semana, el Gobierno dijo ayer que no cederá ante los pedidos de abrogación de la Ley 1386. En Santa Cruz, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó a mesas técnicas para su reglamentación.

“La ministra (de la Presidencia, María Nela Prada) les ha invitado a dialogar y la Ley 1386 se tiene que analizar en mesas técnicas”, sostuvo Montenegro ante  periodistas en Santa Cruz,  que le preguntaron sobre las movilizaciones de gremiales y otros sectores que rechazan la norma.

“Los datos de la economía muestran que estamos creciendo y que no puede  haber estos elementos de paros”, agregó la autoridad. El Gobierno pretende ahora encaminar todos sus esfuerzos a la reglamentación.  La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue promulgada el 16 de agosto.

Ayer, a través de un comunicado, el Ministerio de Economía ratificó que dicha norma será reglamentada en estos días. “En coordinación con los sectores sociales involucrados con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia;  es decir se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras, para la ejecución de la citada norma”.

El boletín oficial añade  que la normativa “no afecta a los transportistas, pequeños comerciantes ni al sector gremial, como lo expresaron algunos representantes de organizaciones sociales y políticos de oposición. Al contrario, esta ley es preventiva”.

Por su lado, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó que el Gobierno está abierto al diálogo para escuchar y explicar el alcance de la citada ley con todos los sectores sociales que así lo quieran.

Diálogo con todos

No obstante desde Santa Cruz, el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, consideró que un diálogo que no incluya a todos los actores será “un fracaso”.

Aseguró que el reclamo no es solamente de un partido político o de  un sector, sino de varios actores que ven afectados sus derechos. Matkovic  calificó la norma como  “peligrosa” y persecutoria contra todos los bolivianos. Dijo que la ley da “desmedidos poderes” a  la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Los sectores movilizados anuncian que retomarán sus protestas el lunes, después de un cuarto intermedio.