Desde Washington (Estados Unidos), sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno del MAS realizó ayer su décimo intento por tratar de borrar el fraude de 2019, detectado precisamente por una auditoría de ese organismo internacional. La representación nacional ante esa entidad llevó adelante un conversatorio,   con el respaldo de Argentina y México,  y sin la presentación de informes nuevos, sólo con análisis.

La actividad  fue organizada por el embajador Héctor Arce. Contó con el patrocinio de sus pares de Argentina y México, Carlos Raimundi y Luz Elena Baños, respectivamente, cuyos gobiernos son aliados políticos del Ejecutivo.

En el conversatorio expusieron tres expertos: el venezolano Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Tulane,  que ocupó altos cargos en el gobierno del extinto Hugo Chávez;  y los estadounidenses Jake Johnston, experto electoral del Centro de Investigación  Económico y Político (CEPR, por sus siglas en inglés),  y Jack Williams, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés).

El CEPR está conformado por profesionales afines al bloque del socialismo del Siglo XXI, como es el caso de Guilleaume Long, excanciller de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, quien es aliado ideológico de Evo Morales.

Ese centro publicó en noviembre de 2019  un  informe  en el que  se concluye que los resultados parciales del conteo rápido (TREP), antes de la interrupción,  “predicen un resultado que es extremadamente cercano a los resultados finales”, que dieron la supuesta victoria a Morales en primera vuelta.  

El panelista Jack Williams y John Curiel, en febrero de 2020, publicaron  en el espacio The Monkey Cage’s en The Washington Post un artículo -con base en  un estudio que realizaron-, en el que concluyeron que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude”. Dicho trabajo fue encargado por el CEPR.  Williams, en diciembre de 2019, firmó una petición contra la OEA y a favor del expresidente Morales. 

El embajador de Argentina, Carlos Raimundi,   cuestionó la ausencia en el evento de representantes de la OEA.  “Si fueran tan contundentes sus argumentos,  estarían aquí para defenderlos (…). Ésta es la misma OEA que reconoció inmediatamente a los representantes de ese golpe de Estado que se gestó en 2019”, afirmó Raimundi.

La embajadora mexicana, Luz Baños, expresó  que en 2019 el Consejo Permanente de la OEA rechazó la solicitud de México de escuchar a los expertos Rodríguez, Johnston y Williams. “Nos tardamos dos años en escucharlos, pero ha valido la pena”, aseguró.

Los panelistas Rodríguez, Johnston y Williams expusieron sus análisis en contra de la auditoría de la OEA. Coincidieron en que  tiene deficiencias y en que la interrupción del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares  no fue un hecho relevante como para asegurar la consumación de un fraude electoral.

“Al día siguiente (21 de octubre),  analizamos los datos y vimos que no había justificación para los reclamos de la OEA (…). La  auditoría no da información esencial que explique por qué hubo ese paro”, dijo en  su exposición Johnston.

“No queremos decir que el informe de la OEA es la causa del golpe, aunque hay otros que lo dicen”, anotó Williams, quien agregó que realizó varios análisis, simulaciones y muestras métricas cuando ocurrió el corte del TREP.  Aseguró que ese incidente no fue suficiente para urdir un fraude. “Antes del corte del TREP, Morales pudo haber obtenido fácilmente un margen del 10%”, sostuvo el estadounidense.

El experto venezolano Francisco Rodríguez afirmó que realizó un análisis estadístico y concluyó que en el último 5% de cómputo hubo un quiebre en la tendencia del voto, pero “eso no necesariamente quiere decir que hubo fraude”. Sostuvo que desde esa perspectiva de análisis estadístico no se puede probar si hubo o no hubo dolo, pero sí se puede verificar si los datos son consistentes con un cómputo limpio, hecho que desde su perspectiva ocurrió.

Mientras se desarrollaba el evento, en la calle, frente al edificio de la OEA,  se dieron cita dos grupos de residentes bolivianos. Uno, de apoyo al Gobierno, que pidió justicia por los muertos de Senkata y Sacaba. Y el segundo, que protestó contra el conversatorio. “No fue golpe, fue fraude”, se leía en más de un cartel.

También llegó hasta el lugar Ronald MacLean, exalcalde de La Paz,  quien pretendía ingresar al evento, pero no pudo entrar porque no estaba en la lista de invitados. Al final de las exposiciones, “por falta de tiempo”, sólo se permitió una pregunta.

Los otros nueve intentos oficialistas de borrar el fraude son:   el discurso de Morales, que pronunció  ni bien pisó suelo nacional tras un año de exilio, de que la victoria de Arce demuestra que no hubo fraude; el archivo de las investigaciones contra Morales sobre el tema; el que la Fiscalía haya cerrado el caso con una pericia que no tuvo el mismo alcance que la auditoría de la OEA; el libro del exministro César Navarro El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia; el que la Fiscalía haya declarado que la auditoria de la OEA no es vinculante.

También están en la lista  el que la representación de Bolivia en la OEA haya acusado a Luis Almagro, secretario general de ese organismo,  de incumplir el acuerdo de auditoría; el informe de la Contraloría a la Procuraduría que cuestiona  la auditoría de la OEA; la reciente revisión de actas que promovió la Procuraduría; y la dura  respuesta que dio la representación de la OEA para no participar en el  conversatorio de ayer.