El Gobierno rechazó la intención de algunos parlamentarios, de iniciar un proceso contra el presidente Luis Arce por abrogar el Decreto Supremo 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

“La amnistía es una atribución presidencial y no es inconstitucional”, dijo la directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Marcela Siles.

La funcionaria explicó a través de una nota divulgada el sábado por la cartera de Justicia que la abrogación de esa norma es una decisión también presidencial y fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

Indicó que la reacción de la oposición, luego de ocho meses, y la opinión de un legislador que anuncia un juicio sin explicación o fundamento de inconstitucionalidad es un exceso.

“Una eventual responsabilidad del presidente Arce debe sostenerse en argumentos jurídicos y no en sentimientos opositores”, señaló.

Las declaraciones de la funcionaria surgen luego de que un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) exigió al Ministerio Público iniciar de oficio un proceso en contra del mandatario, por el presunto delito de resoluciones contrarias a la CPE, por haber aprobado un decreto presidencial de amnistía inconstitucional que beneficiaba a su militancia.

El viernes, el diputado Marcelo Pedrazas (CC) advirtió que esta acción puede hacer que le siga un proceso al Presidente, por el delito de resoluciones contrarías a la Constitución.

Amnistía

Siles también desmintió a legisladores de oposición que tergiversaron la información al insinuar que el decreto presidencial de indulto benefició a militantes del MAS.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Decreto Presidencial 4461 se aplicó entre el 18 de febrero de 2021 al 20 de octubre de 2021, tiempo en el que 709 privados de libertad fueron beneficiados con la norma.

La directora insistió que ninguna persona se benefició del indulto por razones políticas.

“Nadie fue amnistiado en función a dicho decreto por razones políticas”, apuntó Siles, quien además entregó un reporte detallado respecto a la aplicación del Decreto Presidencial 4461 que tuvo una vigencia de siete meses.