La alianza de víctimas de la masacre de 2019 presentó ayer al Gobierno un pliego de peticiones de 22 puntos, entre los que se demanda iniciar juicios penales contra el gabinete del régimen de facto por la firma del Decreto Supremo N° 4078 que eximió de responsabilidad a los militares y policías en el uso de armas de fuego en la represión de manifestantes.

Pasado el mediodía, una delegación liderada por representantes de las víctimas de Senkata, Marisol Velasco, y de Sacaba, Roberto Jucumari, presentaron en la Casa Grande del Pueblo su pliego de reivindicaciones que deberá ser respondido en una audiencia por el presidente Luis Alberto Arce Catacora, de lo contrario advirtieron el inicio de una huelga de hambre.

Entre sollozos, Jucumari cuestionó el trabajo del Ministerio Público para convocar y detener a los autores intelectuales, materiales y cómplices de los asesinatos extrajudiciales cometidos durante el régimen de facto de Jeanine Añez.

Del documento de 22 puntos destacan nueve exigencias, como el inició de juicio penal contra el gabinete de ministros que firmaron el Decreto Supremo 4078, así como contra los comandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), de la Policía Boliviana y contra todos quienes fueron parte del plan operativo, además de procesos contra las personas que torturaron en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y en las cárceles; así como a los médicos que hicieron un trato inhumano y degradante a los heridos que acudieron a los hospitales de El Alto y de Sacaba en busca de atención médica.