El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas afirmó este viernes que el gobierno de Luis Arce no tiene voluntad para desmantelar organizaciones como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) por su participación en los conflictos poselectorales de 2019.

“No hay una voluntad por parte del Gobierno para desarticular estos grupos; (…) en lugar de desarticular este tipo de grupos irregulares los denuncia, pero después no hay una respuesta objetiva”, aseguró el legislador en una entrevista con La Razón Radio.

Las declaraciones suceden la alerta de la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, quien, en carta dirigida al viceministro Nelson Cox, alertó de “grupos paraestatales violentos” que amenazan a activistas de derechos humanos de su país, por los que demandó del Gobierno su “desmantelamiento”.

“Ha llegado a mi conocimiento que la Sra. Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, denunció Phillips en esa carta.

Además, el abogado estadounidense Thomas Becker, que patrocinó a las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003, denunció también que es objetivo de amenazas incluso de muerte en La Paz y Cochabamba.

Pedrazas recordó que en la crisis de 2019 también actuaron grupos violentos que atacaron propiedades privadas y a los buses PumaKatari, en La Paz.

Denunció además que existe una “persecución selectiva” a los grupos y personas que son contrarios a la administración de Luis Arce. “Hay una fijación respecto a quienes son contrarios al Gobierno y hay todo un riguroso peso de la ley que cae sobre ellos”, afirmó el diputado opositor.

En agosto de este año, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe que establece que en el gobierno de Evo Morales y la gestión de la ahora detenida Jeanine Áñez hubo vulneración de derechos humanos, por lo que, en la visión del diputado, “el Gobierno debería tomar una posición intermedia y no parcializarse” con un solo grupo.

Calificó de “exabruptos” las acciones de esas organizaciones que, en su criterio, actuaron en repudio de un “fraude electoral”.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a sus funciones asfixiado por protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, además de un motín policial y una sugerencia militar sobre su dimisión.

Dos días después, la entonces senadora Áñez se declaró presidenta de esa Cámara de Senadores y posteriormente presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).