El viernes 22 por la mañana, en Washington D.C., en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo lugar el conversatorio presencial ¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos, organizado por la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, en colaboración con sus pares de Argentina y México. En la cita expusieron sus observaciones Jake Johnston, investigador del Centro de Investigaciones en Economía y Política (CEPR, Center for Economic and Policy Research); Francisco Rodríguez, economista, profesor de la universidad de Tulane; y Jack Williams, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Si hay una coincidencia entre los tres expertos en análisis estadístico electoral es que tanto el Informe Preliminar como el Final de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia tienen errores de análisis, un hecho que reiteradamente se le hizo notar a la Secretaría General, pero que nunca se obtuvo mayores explicaciones.

Fue la embajadora de México, Luz Elena Baños, que apuntó lo peculiar de la cita: éstos y otros estudiosos debían exponer directamente sus críticas, dentro de la OEA, hace casi dos años. “Recuerdo muy bien el rechazo del Consejo Permanente en 2019 ante la solicitud de México de escuchar a los expertos que hoy están aquí. Nos tardamos dos años en escucharlos, pero ha valido la pena”, destacó Baños.

EVASIÓN. Es una actitud evasiva recurrente de la OEA a debatir su Informe, protestó la embajadora mexicana, pues para la cita del viernes nuevamente dos altos funcionarios que tienen que ver con el tema negaron su participación. “Los serios y graves cuestionamientos que la Misión de Observación Electoral de la OEA ha tenido, no serán superados con prácticas antidemocráticas cerrándose al diálogo y defendiendo de manera absurda los argumentos de la Secretaría General de la Organización, que ante la posibilidad de debatir optó inexplicablemente por no participar en este conversatorio. Es preocupante, porque eso reitera que desean hacer prevalecer de manera unilateral su actuación que ha sido fuertemente cuestionada por científicos. Lo más alarmante es que esa negativa viene de los dos funcionarios de la organización que se encargan de fortalecer y de velar por la democracia en el hemisferio”.

La embajadora se refiere a Gerardo Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), y Francisco Guerrero, responsable de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD).

Los tres expertos que expusieron el viernes, en realidad son viejos conocidos en el estudio de los procesos electorales en la región: Johnston, investigador del CEPR, publicó su primer trabajo (Análisis preliminar de los hallazgos del informe final de la auditoría de la OEA) el 12 de diciembre de 2019, a la semana de que se publicara el Informe final de la OEA, el 4 de diciembre. Rodríguez fue quien, junto con Dorothy Kronick, en un artículo en el The New York Times dijo que el análisis de la OEA era deficiente; y, Williams, que con John Curiel en febrero de 2020 publicó en el Washington Post que el análisis estadístico completo antes que ver un incremento drástico, más bien encontraba algo que se podía esperar.

El viernes, los tres estudiosos se refirieron al manejo estadístico por parte de la OEA en su análisis sobre todo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y su tesis del “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia”, que fue lanzada el 21 de octubre por la noche.

Al día siguiente, cuenta Johnston, él analizó los datos y encontró que “no había justificación para los reclamos de la OEA”; lo que ocurrió luego fue lo llamativo: “ese día le mandé un mensaje a un oficial de la OEA que estaba participando en la Misión de Observación, le expliqué esto; y la respuesta fue: ‘lo sabemos, pero Morales nunca debería de haber sido candidato’; en ese momento entendí que no era cuestión (si había o no) fraude sino del deseo político de la OEA”.

RESULTADO. Al revisar el Informe final de la OEA (4 de diciembre), Johnston remarcó el viernes que si bien el texto “menciona verdaderos problemas en la administración de la elección, contrariamente a lo que dijo la OEA, no muestra evidencia de que eso haya cambiado el resultado de la elección, o incluso que haya habido un esfuerzo parcial de cambiar ese resultado”.

Sobre el ‘súbito’ incremento de votación para el MAS en el último 5% del TREP, que “la interrupción real de la tendencia ocurrió en el último 5% de los votos procesados”, Johnston hace notar que en el propio informe se revela que “el desempeño de Morales en el 5% final de la votación disminuyó comparado con el 5% inmediatamente anterior, lo que desacredita el propio análisis de la OEA que alega demostrar un cambio de tendencia”.

Ahora, ese incremento en la tendencia en el último 5% de votos, dice, “es absolutamente predecible en vista de la tendencia ya evidenciada en las zonas geográficas de donde provienen estos votos finales” (de sectores donde era mayoritario el voto masista).

Otra observación que hace Johnston es que en su tiempo su equipo comparó las “actas irregulares” que seleccionó la OEA para mostrar el ‘fraude’, con actas “regulares” de los mismos recintos, y ambas tenían similares resultados, peor aún cuando en la elección de 2020, concluye, en esos recintos se volvió a repetir ese voto mayoritario por el MAS, por Luis Arce.

Por su parte, además de recordar que el origen de todas las sospechas fue la alarma de la OEA de que hubo un quiebre, un cambio drástico en la tendencia en el último 5%, Rodríguez señaló que en todas las elecciones existen estos quiebres y si se los ve sin considerar el contexto de la elección, pues fácilmente se los califica de una anomalía electoral.

Exhibiendo la gráfica de la elección de la segunda vuelta en Perú, por ejemplo, mostró lo mismo el incremento acelerado en el último tramo para uno de los dos candidatos, lo que no llevó a calificar el hecho como una anomalía, menos un ‘fraude’.

Sobre el drástico cambio de tendencia en el último 5%, Rodríguez cuestiona a la OEA que en estimación no haya incluido un 4,4% de las actas que llegaron al final y que incluyéndolas, el gráfico de la tendencia ya no se muestra ‘drástico’. El economista también hizo referencia al error que habría cometido el estadístico de la OEA que en el último tramo, en vez de usar el criterio de ordenamiento de las actas cronológico, usó el alfabético. “Cuando se publicaron estos datos, lo que pasó fue que los investigadores que hicieron esta sección del Informe de auditoría, ordenaron mal las mesas; las ordenaron por orden alfabético en vez de por orden cronológico. Eso quiere decir, por ejemplo, que después de la mesa 701 de la mañana tienes la mesa 701 de la tarde, luego la 702 de la mañana y después la 702 de la tarde. (Pero) cuando las ordenas correctamente, no te encuentras con este quiebre en la pendiente” (de la gráfica), ejemplifica Rodríguez.

CONSISTENCIA. En rigor, añadió el economista, el análisis estadístico no prueba si hubo o no fraude, lo que hace es ver la consistencia de los datos, de la data, en relación al proceso de votación. “Y esto es extremadamente relevante frente a lo que se alegó en el Informe de Auditoría de la OEA, que los datos eran inconsistentes con un proceso de escrutinio limpio; nosotros hallamos que éstos son exactamente los datos que uno esperaría ver si el proceso hubiese sido uno en el que no hubiese habido ningún proceso de interferencia”.

Rodríguez no dejó de quejarse de la persistente negativa de la OEA de publicar los datos y “el código” que había utilizado para llevar adelantes sus análisis, pese a los constantes pedidos de los investigadores. Reveló que pasados cinco meses de la elección, “un periodista de investigación del The New York Times consiguió la base de datos” y recién se pudo trabajar a fondo.

Finalmente, Williams, en una exposición más bien breve enfatizó en que para tener una idea completa u objetiva de la tendencia cómputo o del conteo rápido, lo principal es no quedarse en el análisis o estudio solo del último tramo donde se presentó la variación inesperada.

Lo que hay que hacer, remarcó Williams, es que el análisis de la tendencia debe ser detallado antes y después del corte del TREP. “Hicimos mil simulaciones, y aquí ven los resultados de las simulaciones; básicamente, lo que estamos tratando de demostrar es que al usar los datos disponibles antes del corte, se puede ver que Morales podía haber obtenido un margen de diez por ciento, fácilmente”, afirmó.

Fue Rodríguez el que dio la estocada final, cuando afirmó que a la pregunta de que si el caso está “cerrado”, pues por todo lo que se dijo es que técnicamente el tema no está cerrado. Y no lo está porque se evidenciaron errores de análisis y de aplicación.

“Es muy importante entender que investigadores que participaron en ese Informe han admitido públicamente que cometieron estos errores; los consultores que fueron contratados para hacer la parte estadística finalmente publicaron su código y los datos, y se identificaron esos errores, y ellos han reconocido que existen esos errores. ¿Por qué es que hay un informe en la página web de la OEA, que los mismos investigadores que participaron en ese informe reconocen que ahí hay gráficos y análisis que están basados en un error?”.

Todos están de acuerdo en que ahora tal vez corresponda una investigación independiente de lo hecho por la OEA, pero, demanda Rodríguez, en lo inmediato, “mínimo se debería pedir que se enmendase o corrigiese ese Informe o se lo retirase de la página web de la OEA. Esto no está en disputa. Lo que sí es un caso cerrado es que hay una parte muy importante del Informe que está basado sobre errores analíticos”.

Procurador: Apenas 15 actas con problemas

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, que estuvo presente en el conversatorio en Washington, compartió con los presentes el informe oficial de la revisión que junto a un equipo hizo de las 34.555 actas de cómputo de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

“Esta información va a ser objeto obviamente de una publicación oficial; hoy la estoy dando oficialmente a ustedes con datos completos de esta investigación”, aseveró.

El Procurador hizo un extenso listado: hay 10 actas poco legibles, con baja resolución o definición de imagen; 3 actas con ausencias de datos en las casillas de papeletas en ánfora y habilitadas que emitieron su voto; 1 acta con ausencia de huella dactilar de un jurado electoral al cierre de la mesa; 94 actas con error aritmético en la casilla de votos válidos, lo que fue subsanado luego por el Tribunal Supremo Electoral; 15 actas con error de datos en la casilla correspondiente a cada organización política, subsanado por el TSE; 1 acta con sobreescritura en la casilla de votos válidos; 1 acta donde falta la firma de jurados al cierre; 1 acta con error numérico en la casilla de papeletas en ánfora; 37 actas conteniendo un error en la sumatoria de votos válidos, también subsanados por los jurados electorales; 15 actas con error aritmético de votos válidos para una organización política.

El total del supuesto fraude verificado, analizado por nosotros, 15 actas en que algún momento se han equivocado en poner datos de un frente político por otro frente, pero que en su momento fueron subsanados por el Tribunal Electoral, es decir, nada, concluyó Chávez.

También se pudo constatar que ni una de las 34.555 fue impugnada en el momento en que debió de hacerse, cuando los delegados de partidos están en pleno control del escrutinio.