El país está crispado. A poco de cumplirse un año de la posesión de Luis Arce persisten profundas discrepancias entre la atención prioritaria de los intereses excluyentes del MAS, que han dado lugar a movilizaciones y protestas de amplios sectores sociales y a un paulatino aislamiento de Bolivia en el escenario internacional, por un lado, y las prioridades de la sociedad boliviana, derivadas de las crisis sanitaria, económica e institucional, por otro.

La crispación social y la inestabilidad política caracterizan también a varios países latinoamericanos en esta época marcada por el deterioro de los mecanismos de mediación entre la sociedad y el Estado, atribuible en particular al descrédito en que han caído los partidos políticos. Se suma a todo esto la fragmentación regional debida a las divergentes orientaciones políticas imperantes en América Latina, que no expresan la disyuntiva entre derechas e izquierdas, sino entre autoritarismo y democracia.

Todo eso es tanto más preocupante ahora que es más urgente que nunca la cooperación regional efectiva ante las cambiantes circunstancias en el tablero de las relaciones internacionales y de las confrontaciones geopolíticas. En efecto, con un 8% de la población mundial, los países latinoamericanos registran el 20% de los contagios y el 30% de los fallecidos por causa del COVID- 19, siendo además la región que más daño ha sufrido en términos de empleo e ingresos.

A pesar de que la región en promedio ha hecho un esfuerzo fiscal comparativamente menor que los países desarrollados en la atención del COVID-19, el margen fiscal se ha estrechado y los niveles de endeudamiento externo han aumentado considerablemente, lo que coloca el tema del financiamiento externo como una de las prioridades de la región.

Al respecto conviene tomar en cuenta que la enorme emisión de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional ha sido acaparada por los países más ricos. De acá se derivan dos cuestiones importantes. En primer lugar, la necesidad de plantear una redistribución de dichos recursos en favor de los países de menor desarrollo, sin excluir a los países de desarrollo medio, que es la situación de la mayoría de los países latinoamericanos. En segundo lugar, se requiere reponer la discusión de la reforma de la arquitectura financiera internacional, que incluye el establecimiento de un sistema financiero latinoamericano y caribeño donde se articulen los bancos de desarrollo y los fondos de reserva regionales, entre otras entidades pertinentes. La viabilidad de tales iniciativas depende ciertamente de una gestión regional, y pierde posibilidades si es presentada por países individuales.

Es importante que el nuevo financiamiento se asigne principalmente a la transformación cualitativa de las economías latinoamericanas, con miras a superar la vulnerabilidad estructural ante los ciclos de los productos primarios, y en su lugar establecer la autonomía latinoamericana colectiva en el sector sanitario, farmacéutico y ambiental. A tales efectos, cabe señalar que la liberación de las patentes relacionadas con las vacunas anti COVID-19 en el seno de la Organización Mundial del Comercio, mejoraría sus perspectivas si es presentada por la región latinoamericana en conjunto.

La recuperación de América Latina no debería limitarse por consiguiente a restablecer las condiciones previas a la pandemia, sino contemplar como objetivos prioritarios la reorganización estratégica de las economías con la mira puesta en una pauta de desarrollo con bajas emisiones de efecto invernadero e impulsada por un incremento sustancial de las inversiones reales en las esferas de la infraestructura, la digitalización, la reingeniería del sistema educativo alrededor de las tecnologías informáticas y la creación de empleo decente para mujeres y jóvenes.