Por distintos motivos y con diferentes efectos, tanto el Ministerio Público del país como la OEA de Almagro han dado por cerradas las investigaciones sobre las elecciones de octubre de 2019. Casi dos años después, la Fiscalía no encontró indicios de delitos electorales, en tanto que una secretaría de la OEA asegura que el proceso electoral “es imposible de reconstruir”.

Más allá del uso instrumental de la cuestión en el marco de la renovada disputa sobre los hechos del año 2019, el supuesto “fraude” se mantiene con vigor y distorsiones en la agenda pública y mediática. No parece, por tanto, un “caso cerrado”. Lo es formalmente en la Justicia boliviana, que ante la ausencia de elementos de prueba dictó el sobreseimiento de todos los exvocales electorales. Pero está lejos de serlo en el debate político y respecto al cuestionado papel de Almagro y sus operadores.

Pese al tiempo transcurrido desde las elecciones 2019, actores del oficialismo y de la oposición continúan empeñados en atizar la contienda en torno a dicho proceso. Debe recordarse que como efecto de la coyuntura crítica poselectoral, que derivó en el derrocamiento del expresidente Morales y la autoproclamación de un régimen provisorio, un acuerdo político dejó los comicios “sin efecto legal” (la anulación de elecciones no existe en nuestro ordenamiento jurídico). Pero los relatos continúan.

Como sea, la divergencia más profunda tiene que ver con el cada vez más opaco desempeño del secretario de Fortalecimiento Democrático de la OEA, Francisco Guerrero. Este señor fue el operador de Almagro en la Misión de Observación Electoral que un día después de las elecciones, sin esperar resultados oficiales, asentó la falacia del “cambio drástico en la tendencia de los resultados preliminares”, nunca probada en el cómputo, y anunció recomendaciones “de cara a una segunda vuelta” (sic).

Esa suerte de sentencia previa, que de entrada descalificó el proceso electoral y sus resultados, se expresó en el “Análisis de Integridad Electoral” realizado por el equipo de Almagro, que acorde al curso de la crisis política terminó planteando no segunda vuelta, sino nuevas elecciones. Diversos estudios posteriores ponen en cuestión la consistencia técnica del polémico reporte de la OEA, suscrito por dos observadoras de la Unión Europea y exhibido como “prueba del fraude” por la oposición boliviana.

A estas alturas, parece improbable reconstruir de manera terminante e inequívoca el proceso electoral (los recuentos oficiales de actas no valen). Lo incuestionable hoy son los comicios 2020 (con abultada victoria del MAS-IPSP, incluidas las 226 mesas que a los “auditores” de la OEA les parecieron raras en 2019). Igual, por razones democráticas es fundamental esclarecer el papel de Almagro y los suyos en esta historia. Le hará bien a la OEA y su cada vez más residual “dignidad institucional”.