El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el Gobierno como un “golpe de Estado”, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un “censo” de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso “necesariamente primero se debe hacer una norma”.

“Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas (porque) calculamos que pueden ser más de cinco mil víctimas, pero (antes) tenemos que establecer los criterios de quiénes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer”, afirmó.

La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jauregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, “lo primero (que establece) es el alcance, (es decir) no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Senkata (como el 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez), sino a otras víctimas” más, incluso, de 2020, señaló.

Según el funcionario, en 2020, también existieron “torturados, perseguidos y heridos”, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia.

Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo.

Asimismo, “en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, (tiene que) venir la reparación del costo que le causó un proceso (a una determinada persona, ya sea por) detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado”, indicó.

Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en “temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición”.

Porque “no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder”, apuntó.

Este anuncio surge, mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.