Luego sostiene que “la amnistía no es, en principio, un buen instrumento” porque la considera como “una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad y puede ser inadecuada para atender a la finalidad de revisar la situación de personas procesadas sin respeto a su derecho al debido proceso legal. Como se señaló previamente, el uso abusivo de imputaciones por terrorismo y sedición y la arbitrariedad en la detención preventiva evidenciaron un ejercicio de la acción penal con fines políticos durante de los hechos de 2019.”

El asambleísta también leyó la parte del informe en el que el grupo advierte que “hubiera sido más justo y eficiente que las autoridades competentes realizaran una revisión completa, exhaustiva e imparcial de los procesos penales iniciados, con la finalidad de evitar o corregir injusticias, examinando caso por caso con base en criterios estrictamente jurídicos”.

De esa forma, dice el informe, se podrían haber corregido abusos en la criminalización y persecución política disfrazada de investigación y procesamiento de delitos, mientras se preservaba el derecho de las víctimas de hechos violentos a que se les haga justicia. “Una medida de esa naturaleza contribuiría a prevenir la recurrencia del uso de la persecución criminal para fines políticos. La amnistía, al contrario, tiene una perspectiva de olvido de la persecución indebida, camino que suele conducir a repetición”.

Alarcón remarcó que cuando se discutía el decreto que fue abrogado, “señalamos que iba a ser una derrota política porque era un decreto de impunidad, donde unos ciudadanos afines al gobierno tienen el privilegio de eludir la justicia y otros entren a la guillotina. Esto ha quedado confirmado, en las conclusiones más relevantes del GIEI”, aseveró.

Juanito Angulo, diputado del MAS, consideró muy importante considerar el tratamiento del decreto. “Se aprobó en esta gestión, fue para garantizar los derechos, las libertades, las garantías y los principios constitucionales vulnerados por un gobierno de facto, inconstitucional, que persiguió, mató e hirió. El 2019 no tuvimos un gobierno constitucional, y ese decreto era importante para ese momento”.

Reiteró, como otros de sus colegas, que se violaron los derechos y las garantías de la población, hubo afectación a la vida, a la integridad, a la libertad. “Hubo 38 muertos con ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, tenemos personas lesionados con secuelas, con discapacidades graves y gravísimas que nos dejaron. Son 861 personas afectadas”.

Mencionó que más de 1.531 personas que sufrieron la violación al ser arrestadas y perseguidas . “El decreto que abrogamos fue utilizado para restablecer sus derechos. No es por encubrir, se interpreta de mala fe, sino por mala justicia”, admitió.

Recomendó al Estado y a la sociedad, “que se debe llegar a la verdad, la justicia y reparar a los afectados. En ese contexto, esta recomendación importante está reflejada en este nuevo decreto supremo y por eso lo apoyamos”, dijo.

Verónica Aguilera, de Creemos, manifestó que  llama mucho la atención que según el canciller y la directora nacional de defensa pública manifestaron por separado que “ni un solo político hoy oficialista se hubiera beneficiado con este decreto”, esa fue una de las promesas electorales de Luis Arce. Por lo tanto, es una derrota para el MAS.

Como bancada de Creemos dijo que se presentaron varias peticiones de informe escrito para saber cuántas personas se acogieron y beneficiaron realmente con este decreto presidencial. Informe pormenorizado.

Según la versión del partido oficialista, en 2019 no hubo un gobierno constitucional.