La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó ayer por unanimidad la abrogación del Decreto Supremo 4461, emitido en marzo de este año por el presidente Luis Arce, que concedía amnistía e indulto a los militantes del MAS involucrados en los hechos violentos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019, tras las fallidas elecciones de ese año y que provocaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El referido decreto fue cuestionado por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que investigó los casos a solicitud del entonces gobierno transitorio de Jeanine Áñez. En el informe conclusivo, los especialistas contratados por la CIDH recomendaron al Estado boliviano garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas en el informe presentado en agosto de este año.

Entre las personas que calificaban para beneficiarse con la amnistía figura la diputada Deysi Choque, del MAS, que fue acusada de participar en los enfrentamientos entre masistas y cívicos que se produjeron en Montero, el 30 de octubre de 2019, en el que fallecieron Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra.

La diputada oficialista aseguró que no participó de la sesión de ayer porque se encuentra en su semana de trabajo regional. Sin embargo, dijo que no se benefició del decreto porque no se adhirió a la amnistía.

“Con esta decisión los procesos deben continuar como estaban”, señaló Choque, aunque la mayoría de los afines al MAS acusados por las muertes ocurridas en Montero, por los incendios de viviendas y de bienes públicos, así como los sindicados de participar en las movilizaciones de Senkata y Sacaba se encuentran en libertad.

Desde el Gobierno, la directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Marcela Siles, aseguró que ninguna persona se benefició con la amnistía por razones políticas. El decreto estuvo vigente entre el 18 de febrero y el 21 de octubre de este año.

Sin embargo, desde que el presidente Luis Arce asumió la Presidencia, el 8 de noviembre de 2020, los militantes del MAS involucrados en los hechos de violencia entre octubre y noviembre de 2019, recibieron beneficios judiciales. A los 21 días de la gestión de Arce, el argentino Facundo Molares, supuestamente vinculado a las FARC y acusado de participar en las muertes de dos personas en Montero, se benefició con detención domiciliaria. Posteriormente se permitió su viaje a Argentina por razones humanitarias.

En las dos últimas semanas de noviembre de 2020 también recuperaron la libertad y se archivaron las investigaciones en contra de Evo Morales, del dirigente campesino Faustino Yucra, el policía Ismael Marquina y el líder qaqachaca Rosendo Copa. Además, unas 12 exautoridades.

Desde la oposición, la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, cuestionó que el decreto 4461, derogado ayer por la Asamblea Legislativa permitió la impunidad de los afines al MAS que participaron de los disturbios ocurridos a finales de 2019.

“Con esta decisión el Ministerio Público debería reiniciar los procesos a las personas del oficialismo acusadas por los hechos violentos y para los que promovieron el fraude electoral”, señaló la opositora.

Sin embargo, Nayar duda que se produzcan avances. Como ejemplo mencionó el caso Molares. Ella solicitó un informe sobre la presencia del argentino en Bolivia, pero hasta ahora el Gobierno no responde.