En Bolivia  a la crisis de la forma partido y estructuras afines se suma un déficit histórico de origen. Los partidos no terminaron de arraigarse en una sociedad proclive a valorar a organizaciones sindicales, cívicas y otras funcionales y corporativas como los genuinos protagonistas de la lucha  política en el país.  Pese a ser interpeladas, son instituciones clave para una democracia  representativa, que sigue siendo la columna vertebral sobre la que se sostienen las formas participativas y comunitarias de la “democracia intercultural”.

No faltan quienes  desahucian la aprobación de la ley por no ser una prioridad para un  MAS predominante. Por ahora, dos temas son los que tienen mayor visibilidad. Por un lado, el MAS ha expresado su rechazo al eventual  financiamiento estatal indirecto a las OP, mientras por otro, en el frente opositor persiste la sospecha de que la propuesta de normar elecciones primarias “internas” y vinculantes para  la nominación del binomio presidencial sería una maniobra pro oficialista para legitimar la cuarta postulación inconstitucional del presidente Morales.

Las  dudas del bloque opositor son razonables en un contexto de persistente desacato a la ley. Pese a la aclaración de  que las primarias no entrarían en vigencia el próximo año 2019 y que no corresponde subordinar principios constitucionales a la voluntad de una “mayoría partidaria”. La propuesta de primarias vinculantes  obligatorias y simultáneas  plantea riesgos al no tomar en cuenta los déficits programáticos ni la arraigada cultura clientelar  y caudillista que coloca murallas a una auténtica democracia interna acorde a las reglas  estatutarias concebidas como mero requisito formal para su creación. Entre la reticencia ciudadana a asumir una militancia activa  y el posturas antipartido,  no sería correcto ignorar  la preferencia  de la  ciudadanía respecto a los perfiles de los candidatos a un determinado binomio.

Por otra parte, quienes se oponen al financiamiento público a las OP despiertan simpatías. Lamentablemente  no ponderan los efectos perversos que tiene sobre la democracia plural la competencia electoral  en desigualdad de condiciones. Si asumimos a la política como un bien público a proteger,  se impedirá convertirla  en mercancía. Su vigencia contribuye a transparentar los presupuestos y a ponerle límites a los gastos de campaña. La situación se agrava ante el incumplimiento de normas que prohíben y sancionan el uso de recursos públicos  con fines electorales del partido en función de gobierno. Es imperativo que el TSE asuma un rol activo para erradicar prácticas prebendales que deforman la construcción institucional y el funcionamiento de las OP y de la democracia misma. Para evitar la privatización de la política no debiera descartarse la propuesta de financiamiento mixto y el fortalecimiento  de una institución históricamente esquiva.

De no hacerlo, la futura ley estará condenada a regular la precaria existencia institucional de OP ancladas en un mundo marcado por la apariencia,  o lo que es peor,  de una institución que los colectivos ciudadanos se resisten reinventar y que el MAS,  con sus pulsiones hegemónicas y configuración corporativa sindical,  se empeña asfixiar.

La autora es psicóloga, cientista política, ex parlamentaria