Informa el ministro Eduardo Del Castillo que entre el 16 y el 23 de octubre del año pasado, el excapitán Germán Rivera García estuvo de paso por Bolivia. De nacionalidad colombiana y conocido como “Mike”, su sobrenombre de guerra, este militar jubilado de 40 años, se habría hospedado en una habitación localizada en el piso 14 del hotel Presidente, de La Paz.

No estaba solo. Según Del Castillo, lo acompañaba un expolicía, el también colombiano Ronald Alexander Ramírez Salamanca y dos empresarios: Arcángel Pretel Ortiz, mejor conocido como “Gabriel”, y el venezolano Antonio Intriago Valera, “Tony”, ambos provenientes de un suburbio de Miami llamado Doral. Todo indica que no llegaron a dar seguimiento a las elecciones celebradas dos días después de su arribo. La composición de la comitiva hace presumir un viaje de negocios. ¿Qué venden estos señores?: violencia.

Ocho meses después de su paso por Bolivia, el ex capitán Rivera y el sargento Duberney Capador llegaron a Haití con un contrato en la maleta. Desde Miami los convencieron de arriesgar sus vidas en una misión que les abriría las puertas a un trabajo estable como miembros de la guardia presidencial haitiana. Para lograrlo debían arrestar primero a Jovenel Moïse, el jefe de Estado en funciones. El comando formado por 21 hombres, seis camionetas y 16 fusiles tenía fijados día y hora para la incursión: el 7 de julio en la madrugada. CTU, la empresa de Tony y Gabriel, compró sin disimulo los 19 boletos aéreos restantes. Ninguno de los intrusos encubrió su identidad ni empleó algún método ingenioso para despistar a la policía; tan seguros estaban del cambio de gobierno y la posterior protección oficial en Puerto Príncipe.

Distribuidos en cinco grupos de a cuatro, los atacantes necesitaron 30 minutos para completar la operación. Cabe aclarar que tres días antes, la orden había sido modificada. Ya no iba a ser arresto, sino asesinato. Moïse fue acribillado aquella madrugada con 12 proyectiles apuntados por el colombiano Víctor Pineda en la desprotegida habitación que compartía con su esposa, sobreviviente milagrosa del magnicidio. Los agresores se llevaron consigo dos cajas y dos maletas, que contenían 45 millones de dólares. Era el suculento botín calculado desde Miami. Iba a ser repartido entre los 21 participantes y la CTU.

Cuando, como estaba previsto, la caravana se acercó al palacio presidencial para saludar el cambio de mando, resultó repelida por la guardia. Algo había empezado a fallar. Los colombianos deambularon por la capital sin un rumbo claro. Terminaron escondidos en la embajada de Taiwán, adonde tropas haitianas llegaron a cazarlos. El asedio estuvo precedido por el estallido de dos granadas de guerra. El exsargento Capador y dos hombres más perdieron la vida en este contraataque inesperado. Los 18 combatientes rentados están hoy en la cárcel, incluido, el excapitán Rivera García.

Estos militares en retiro esperaban dinero e impunidad. ¿Buscaron en Bolivia un trato similar? Está claro que no lo consiguieron. Sus contratistas les mostraron en Haití una orden falsa de arresto contra Moïse y fueron políticos haitianos quienes los empujaron al abismo.

Se calcula que Miami ha servido de plataforma de reclutamiento de al menos seis mil exmilitares y expolicías colombianos, brazos apetecidos por las monarquías árabes o las compañías de seguridad en lugares tan diversos como Dubái o Kabul. Dimitri Hërard, el jefe de seguridad del presidente asesinado, viajó este año siete veces a Colombia. Se supone que lo hizo para supervisar la ejecución del complot. Con la venia del Gobierno, había montado una empresa de importación de armas a la isla. Por esa vía, proveía de material letal a las bandas criminales caribeñas, gracias a las cuales multiplicó su fortuna.

La descripción previa prueba que la delegación de CTU que estuvo en Bolivia el año pasado no representaba a un club de aficionados. Era la punta de lanza de lo que podría definirse como la privatización de la acción geopolítica. El ministro Del Castillo supone que el grupo llegó a Bolivia para firmar un contrato, cuya cláusula central era el asesinato de Arce Catacora. La denuncia adolece de una ausencia de pruebas que bordea en el papelón público. Peor aún. El caso despierta remembranzas sobre el aniquilamiento expedito, en 2009, del grupo dirigido por Eduardo Rózsa Flores en un hotel de Santa Cruz. ¿No será que pronto veremos la foto del excapitán Rivera con algún dirigente de la oposición al MAS?