Esta semana, la representación de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ha provocado vergüenza entre los bolivianos que todavía creen en la democracia al abstenerse de votar en favor de una resolución que pide la liberación de los candidatos detenidos por el régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La misma representación intentará, este viernes, borrar el fraude electoral de 2019 en un evento que se celebrará en el seno mismo de la OEA, que es la que descubrió las irregularidades de las elecciones de Bolivia. El hecho es, por decir lo menos, una insolencia.

Respecto a Nicaragua, el embajador boliviano, Héctor Arce, argumentó que “el Estado Plurinacional de Bolivia no comparte la injerencia en asuntos internos de parte de la Organización de Estados Americanos”, pese a que Nicaragua celebrará elecciones este 7 de noviembre sin las condiciones mínimas para el juego democrático, porque siete candidatos presidenciales se encuentran presos acusados de traición a la patria.

Frente a esa situación el Consejo Permanente de la OEA aprobó por 26 votos a favor una resolución que pide la inmediata liberación de los políticos opositores. Si bien nadie votó en contra, siete países se abstuvieron de emitir su voto, entre ellos México y Bolivia. Desentenderse de un asunto tan obvio de violación a los derechos humanos y políticos es tan oprobioso como el mismo hecho de ser el autor material de esos actos.

Respecto al fraude electoral de 2019, las misiones permanentes de Bolivia, Argentina y México organizan para este viernes 22 un encuentro denominado “¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, con la explícita finalidad de rebatir la auditoría realizada por OEA, en la que se estableció la manipulación dolosa de los datos.

Arce invitó nada menos que a Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, y a Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, ambos encargados de los informes de Bolivia, quienes rechazaron la invitación, no sin antes ratificar que las elecciones de 2019 perdieron toda integridad y que, por tanto, “son un caso cerrado”. La OEA agregó que “por razones de fortaleza, solvencia, seguridad y dignidad institucional, no participamos en este tipo de eventos”, según la carta dirigida por Guerrero a Arce.

La respuesta parece lógica. Si la OEA descubrió fraude electoral en Bolivia, no tiene nada que discutir con otros “expertos” que dos años más tarde afirman lo contrario, a instancias de la parte de interesada.

La representación de Bolivia en la OEA responde al ala radical del MAS y esa es la huella que va dejando con sus acciones, las que van posicionando al gobierno de Luis Arce entre los autoritarios de la región.