Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: viernes 22 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abrogó ayer el Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, para cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al Estado boliviano.
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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abrogó ayer el Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, para cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al Estado boliviano.
“Con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros del pleno, queda aprobado el Decreto Presidencial N° 4571, con el que se abroga el Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”, manifestó el presidente nato de la ALP y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, tras la conclusión del debate.
El Decreto 4461 concedía amnistía e indulto por razones humanitarias y políticas a las víctimas de retardación de justicia en situación vulnerable, además del restablecimiento de los derechos civiles y políticos a los perseguidos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.
La norma se constituyó en vía jurídica para resolver la situación de personas injustamente procesadas sometidas a prisión y medidas cautelares arbitrarias. Sin embargo, fue cuestionada por, supuestamente, beneficiar a militantes del oficialismo presumiblemente involucrados en hechos de violencia durante la crisis política de 2019.
No hubo beneficiados
La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Marcela Siles, confirmó que ninguna persona se benefició del indulto por razones políticas en función al Decreto Presidencial 4461.
La Directora además entregó un reporte detallado respecto a la aplicación del Decreto Presidencial 4461.
Durante el periodo de facto más de 1.000 personas vinculadas al Movimiento Al Socialismo y a organizaciones sociales fueron acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo y sedición, entre otros.
El grupo de expertos manifestó en agosto que la aplicación del decreto supremo podría reforzar una percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.
