La Cámara de Diputados, con mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), analiza enjuiciar a una exlegisladora que habilitó la sucesión presidencial de Jeanine Áñez en 2019, luego de valorar una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

En una rueda de prensa en La Paz este jueves, el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani Laura, aseveró que corresponde «iniciar un proceso penal por usurpación de funciones» a exlegisladores como Margarita Fernández por atribuirse la presidencia de esa Cámara durante la crisis política de Bolivia.

Mamani Laura se refirió a la sentencia del Constitucional del pasado viernes que, según el Gobierno, establece que tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia «no hubo un vacío de poder» y que en realidad en Bolivia hubo un «golpe de Estado», pese a que en dicho fallo no se señala expresamente el caso de la expresidenta interina.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que Fernández, entonces parlamentaria de la opositora Unidad Demócrata el partido de Áñez, asumió el máximo cargo de la Cámara Baja como segunda vicepresidenta a pesar de que esa instancia no había tratado la renuncia de la oficialista Susana Rivero, que era la primera.

Mamani Laura mostró el reporte de los medios del momento en que Fernández acompaña a la entonces senadora Áñez, el 11 de noviembre de 2019, quien minutos antes asumió la presidencia del Senado, a instalar la sesión en la Cámara de Diputados para luego asumir el poder del país tras la renuncia masiva de las autoridades en la línea de sucesión.

Un día antes habían renunciado el entonces mandatario Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, además de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados junto a la mayoría de los ministros.

La renuncia de Rivero estuvo envuelta en polémica ya que aquel día comunicó la decisión por Twitter, algo que la sentencia constitucional considera no fue válido y formal y, además, de que la sucesión inmediata no se aplica a la Cámara Baja, que debía nombrar primero una nueva directiva.

La renuncia de Rivero «formalmente fue presentada el 14 de noviembre de 2019, dos días después de autoproclamarse» Áñez y recién aceptada el 20 de ese mes, apuntó Mamani Laura.

Y justamente un día antes, el 19 de noviembre, es que Fernández presentó un recurso de nulidad contra Rivero con base en la publicación en Twitter que finalmente el Constitucional descartó al considerar que la sucesión «ipso facto» no se aplica en el caso de la presidencia de la Cámara de Diputados.

Mamani Laura mencionó que lo que sigue ahora es remitir dicha sentencia a una comisión parlamentaria e iniciar un «proceso penal» contra los que participaron en «usurpación» de funciones, algo que no toca, según dijo, a los expresidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Choque y Eva Copa que «cumplieron con el procedimiento».

Ultimátum del procurador

El procurador general, Wilfredo Chávez, que fue abogado de Evo Morales, conminó al Órgano Electoral a que en 24 horas presente un informe técnico de las frustradas elecciones de 2019 y de un grupo de actas que esa entidad no pudo verificar en el recuento que hizo la Procuraduría la semana pasada.

Chávez impulsó un análisis y cotejo de los resultados electorales de 2019 a cargo de la Procuraduría que le sirvió para establecer que «no ha existido fraude electoral» y cuestionó que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) no fue tal porque revisó únicamente 226 actas y no las 34.555 del cuestionado proceso electoral de 2019.

Sobre ese recuento, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, dijo hace unos días que por el principio de «preclusión» los actos pasados «ya no se revisan» y los análisis posteriores «no tienen ningún efecto» más que el que «quieran darle los interesados».

El Gobierno ha insistido que durante la crisis política de 2019 hubo un «golpe de Estado» y no un fraude electoral.