Marchas de protesta contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo recorren la mañana de este jueves las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija.

En la sede de gobierno, los gremiales se concentraron en el puente de la CBN, desde donde descienden hacia el centro de la ciudad, en tanto que las plataformas cívicas se reúnen en el nudo Villazón, en inmediaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).

En la capital oriental, los gremiales marchan en cercanías de la plaza 24 de Septiembre, donde más temprano el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció el respaldo a ese sector desde la institución a la que representa.

En la ciudad de Cochabamba,  se reportan bloqueos en la zona norte, marchas de gremiales en las calles Punata, San Martín y la plaza San Sebastián, que se dirigirán hacia la plaza 14 de Septiembre y la Plaza de las Banderas.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) dio inicio este jueves a las dos jornadas de paro en contra de la "Ley madre" antilegitimación.

En Tarija, se descartó el paro de actividades, pero diferentes instituciones marchan y anunciaron que continuarán con las movilizaciones.

Conade observa 11 puntos de la ley y piden su abrogación

El Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) emitió este jueves un comunicado en el que observa 11 puntos de la Ley 1386 y reitera su demanda de abrogación. La institución sostuvo que se trata de una norma que pretende “imponer un totalitarismo económico y financiero en contra de la sociedad civil”.  

“El propósito de la misma es generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento, eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico”, denunciaron.

Entre los puntos señalados se encuentran el que la ley no lucha “genuinamente” contra las ganancias ilícitas, ya que no hay acciones de coordinación estatales para la persecución penal del narcotráfico; el que la norma puede ser ajustada por el Ejecutivo mediante decreto supremo, y el que “no se circunscribe” a los sectores ilícitos sino a un accionar abierto hacia la sociedad.