Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 21 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará esta tarde para la abrogación del Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, que favoreció a centenares de personas que fueron procesadas durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez
De acuerdo con el senador y jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, el decreto, que también fue aprobado en el Legislativo meses atrás, iba en la dirección de conceder indulto a procesados y sentenciados por terrorismo. Explicó que se buscará tratar el decreto bajo recomendación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Los procesos judiciales con violación a derechos humanos que existieron, no estamos hablando de la quema de los PumaKataris, eso tiene que esclarecerse. Entendemos que el cuestionamiento es que se tiene que procesar a todos, incluyendo a los que hubieran quemado de un lado u otro. En ese sentido la GIEI ha solicitado que se anule ese decreto”, señaló el jefe de bancada del oficialismo.
Por otro lado, desde la oposición señalan que aprobarán la abrogación en la Asamblea, debido a que el decreto de amnistía benefició a varios afines al MAS, involucrados en la comisión de crímenes contra derechos humanos, indicó la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos.
“Se ha beneficiado a cientos de personas que han cometido crímenes y violaciones fuertes a derechos humanos. Entonces hoy que esas personas gozan de impunidad, cómo estamos, qué hacemos con la gente que ha perdido vidas, que ha sido lastimada, que le han quemado sus casas. Y mientras esa gente goza de impunidad, nosotros, acusados falsamente con procesos que nos ha iniciado el MAS”, indicó Barrientos.
El decreto fue aprobado por el partido azul el 12 de febrero de este año. El mismo fue cuestionado por opositores, sociedad civil y organizaciones internacionales como el Observatorio de Derechos Humanos (HRW).