La tarde de este jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por unanimidad la derogación del Decreto Supremo 4461, que el presidente Luis Arce promulgó para conceder indulto a un grupo de reos del país, pero también a las personas procesadas en el gobierno de Jeanine Añez.

Durante el periodo de transición "más de mil personas vinculadas políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a organizaciones sociales, fueron acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo y sedición, entre otros", informó el Ministerio de Justicia en un boletín institucional. 

Dirigentes de sectores sociales y miembros del partido azul fueron procesados por los violentos hechos de la crisis de 2019 que derivaron de las anuladas elecciones presidenciales de octubre de 2019 y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el Decreto Presidencial 4571 que abroga el Decreto 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

“Han declarado ‘suficiente discusión’ totalmente avergonzados de manera vertiginosa porque les da vergüenza abrogar su propio decreto de impunidad”, afirmó el jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón.

En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió su informe sobre los hechos de violencia de 2019.  Entre sus observaciones está el cita decreto.

El mandatario boliviano anunció en ese entonces que procedería con la abrogación.

El citado decreto publicado en febrero de este año menciona que "se concede el beneficio de indulto a las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada que a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial, no se enmarquen en las exclusiones establecidas en el Artículo 9 y que cumplan alguna de las siguientes condiciones".

Entre las condiciones se puntualiza que es para "personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020".