Medio: Jornada
Fecha de la publicación: jueves 21 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El Parlamento aprobó este jueves la anulación de una «amnistía» decretada hace unos meses por el presidente Luis Arce para quienes se consideran «perseguidos» por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y que la oposición advirtió que iba a dejar impunes varios sucesos violentos ocurridos entre 2019 y 2020.
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El Parlamento aprobó este jueves la anulación de una
«amnistía» decretada hace unos meses por el presidente Luis Arce para quienes
se consideran «perseguidos» por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y que
la oposición advirtió que iba a dejar impunes varios sucesos violentos
ocurridos entre 2019 y 2020.
En una sesión
parlamentaria, el Legislativo aprobó por unanimidad el decreto enviado por el
Ejecutivo para abrogar otro vigente desde febrero para una «Concesión de
Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos».
El Ministerio de
Justicia explicó en su momento que el decreto de amnistía buscaba «descongestionar»
las cárceles para evitar contagios por coronavirus, mientras que el
gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) indicó que también iba a
beneficiar a quienes fueron víctimas de «persecución política» entre octubre de
2019 y octubre de 2020.
Un análisis de la
norma fue incluido en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de 2019 en este país, que fue
presentado en agosto pasado.
El GIEI consideró
que las amnistías «están históricamente muy conectadas con la idea de
impunidad» y que su uso en situaciones «políticamente controvertidas» donde ha
habido violaciones de derechos humanos «suele perjudicar la revelación de la
verdad», el «castigo a los responsables» y la «reconciliación», además de
generar «desconfianza».
Por ello, una de sus
recomendaciones fue «garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de
normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos
identificadas en este informe o en casos similares».
El presidente Arce
se comprometió entonces a abrogar el decreto de amnistía, que también había
sido cuestionado en marzo por Human Rights Watch (HRW) al considerar que
«permite la impunidad de delitos graves» y «parece dirigido a favorecer a
partidarios del Gobierno».
El Ministerio de
Justicia recordó este jueves en un comunicado de prensa que «más de mil
personas vinculadas políticamente» al MAS y a «organizaciones sociales fueron
acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo y sedición» durante
la Administración transitoria de Jeanine Áñez.
La institución
confirmó que ninguna persona vinculada con supuestos «casos políticos» se
acogió a esta amnistía.
El diputado Carlos
Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que el MAS haya
impedido el debate sobre la abrogación del decreto, lo que a su juicio se debió
a que el partido gobernante estaba «totalmente avergonzado» por tener que dar
marcha atrás en una norma criticada por sus detractores.
Alarcón mencionó que
en su momento la oposición denunció que el decreto anulado ahora «establecía
una situación de impunidad para unos y de linchamiento político judicial para
otros y no nos hicieron caso».
