El Parlamento aprobó este jueves la anulación de una «amnistía» decretada hace unos meses por el presidente Luis Arce para quienes se consideran «perseguidos» por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y que la oposición advirtió que iba a dejar impunes varios sucesos violentos ocurridos entre 2019 y 2020.

En una sesión parlamentaria, el Legislativo aprobó por unanimidad el decreto enviado por el Ejecutivo para abrogar otro vigente desde febrero para una «Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos».

El Ministerio de Justicia explicó en su momento que el decreto de amnistía buscaba «descongestionar» las cárceles para evitar contagios por coronavirus, mientras que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) indicó que también iba a beneficiar a quienes fueron víctimas de «persecución política» entre octubre de 2019 y octubre de 2020.

Un análisis de la norma fue incluido en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de 2019 en este país, que fue presentado en agosto pasado.

El GIEI consideró que las amnistías «están históricamente muy conectadas con la idea de impunidad» y que su uso en situaciones «políticamente controvertidas» donde ha habido violaciones de derechos humanos «suele perjudicar la revelación de la verdad», el «castigo a los responsables» y la «reconciliación», además de generar «desconfianza».

Por ello, una de sus recomendaciones fue «garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares».

El presidente Arce se comprometió entonces a abrogar el decreto de amnistía, que también había sido cuestionado en marzo por Human Rights Watch (HRW) al considerar que «permite la impunidad de delitos graves» y «parece dirigido a favorecer a partidarios del Gobierno».

El Ministerio de Justicia recordó este jueves en un comunicado de prensa que «más de mil personas vinculadas políticamente» al MAS y a «organizaciones sociales fueron acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo y sedición» durante la Administración transitoria de Jeanine Áñez.

La institución confirmó que ninguna persona vinculada con supuestos «casos políticos» se acogió a esta amnistía.

El diputado Carlos Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que el MAS haya impedido el debate sobre la abrogación del decreto, lo que a su juicio se debió a que el partido gobernante estaba «totalmente avergonzado» por tener que dar marcha atrás en una norma criticada por sus detractores.

Alarcón mencionó que en su momento la oposición denunció que el decreto anulado ahora «establecía una situación de impunidad para unos y de linchamiento político judicial para otros y no nos hicieron caso».