No es la primera vez que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retrocede en una iniciativa legislativa o normativa, pero sí es tal vez la más ruidosa, sobre todo porque ha permitido que la oposición la instrumentalice.

Incluso en sus épocas de mayor poder, ha rectificado en varias ocasiones y siempre por los mismos motivos: las bases inconsultas se rebelan cuando se les toca el bolsillo. Pasó con el gasolinazo, con el código penal, con el tren a Arica, con infinidad de normativas que han pretendido regular la minería cooperativista o el transporte, y ha pasado ahora con la Ley contra las Ganancias Ilícitas, pero ha habido demasiadas aristas sin atar y eso se acaba pagando.

En otros momentos, el MAS no ha tenido dificultades en reconducir la situación aplacando a sus movimientos sociales, sin embargo, en esta ocasión la situación se prevé más compleja precisamente por los meses que se lleva alimentando la polarización, que al final cristaliza en una desconfianza total y absoluta hacia quienes ostentan el poder, incluso más que hacia los que lo pretenden.

El Gobierno de Arce, sin embargo, no tuvo mejor ocurrencia para superar el traspiés que jugarse el comodín del “Golpe de Estado” y por partida doble, con dos de las instituciones que más se han erosionado en estos últimos años: El Tribunal Constitucional Plurinacional sirviendo sentencia en bandeja sobre la sucesión de Áñez para que el Ministro Lima resuma en que “sí hubo golpe de Estado” y la Procuraduría General del Estado culminando en tiempo récord el recuento de votos de 2019 y concluyendo exactamente lo mismo: “sí hubo golpe de Estado”.

A estas alturas del partido, nadie en su sano juicio puede creer que vaya a convencer a nadie más con esos argumentos, entre otras cosas porque en lo que a política se refiere, el asunto quedó cerrado en las ánforas del 2020, donde al presidente Arce se le dotó de un gran poder para volver a conducir un país tras la nefasta gestión de Jeanine Áñez.

Un año después, la pandemia sigue causando estragos, las empresas se tambalean, los trabajadores no pueden pagar sus deudas, el empleo formal no se recupera y el informal baja los salarios, el contrabando inunda los mercados, los niños siguen sin recibir educación ni mínimamente aceptable y enfermarse suele significar arruinarse a poco grave que se ponga la cosa.

La Bolivia real tiene problemas reales de los que cuestan vidas, de los que destruyen familias, de los que dinamitan futuros, pero el Gobierno sigue hablando de golpes, conspiraciones, irregularidades, jueces mafiosos, y el resto de asuntos que tienen su lugar, pero desde luego no resuelven los problemas de los once millones de bolivianos que ven como se escapa el 2021 sin que prácticamente nada cambie.

Es hora de que alguien le diga al presidente que de “golpes” no se come y que el rol de víctima ya está durando demasiado. Es tiempo de reconocer errores y actuar, escuchar y no enrocarse.